Los expertos rechazan usar las balanzas fiscales para la financiación autonómica
El responsable del grupo de sabios que asesora a Montoro afirma que sería "un error grave". Creen que la igualdad en la prestación de los servicios debe primar en la reforma del modelo de financiación autonómica.
El grupo de expertos, capitaneado por el investigador del CSIC, Ángel de la Fuente, al que el Ministerio de Hacienda encargó la tarea de elaborar un nuevo método de cálculo de las balanzas fiscales -que pasan a convertirse en cuentas públicas territorializadas- consideraría un "error grave" que el Departamento de Cristóbal Montoro las emplease como base para elaborar el nuevo modelo de financiación autonómica. El propio De la Fuente, quien avanzó que las nuevas balanzas se darán a conocer a finales de este mes, apostó por que el futuro sistema de reparto autonómico se elabore bajo el principio de igualdad en la prestación de servicios, de forma que todas las comunidades autónomas los presten parecidos. En su opinión, un saldo fiscal negativo o positivo no puede dar más derechos a unos ciudadanos que a otros.
Así, tras su participación en un seminario sobre las cuentas públicas territorializadas, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el economista volvió a expresar claramente su preferencia por el enfoque carga-beneficio a la hora de abordar la equidad en el gasto (el que intenta determinar a quién beneficia ese gasto en cuestión para decidir cómo se imputa).
Según explicó, el objetivo del Gobierno es contar con una metodología acertada con la que poder publicar anualmente las balanzas fiscales y contar con una información útil sobre los gastos y los ingresos de cada autonomía.
De la Fuente precisó que las inversiones públicas pueden estar más ligadas a un sector en concreto que a un territorio, y de ahí que haya que descomponer los saldos fiscales para determinar qué partes de ese gasto están territorializadas. Es una empresa compleja, reconoció, dado el elevado grado de descentralización que existe en nuestro país y el diferente reparto de competencias que se da entre unas regiones y otras.
Un buen ejemplo de ello lo constituyen, en su opinión, la policía catalana o el sistema penitenciario, que son competencia del gobierno de la Generalitat y que no conllevan, por tanto, ningún gasto para el Estado -como sí sucede con los de otras CCAA-. En ese caso, De la Fuente es partidario de sacarlos de los gastos de la financiación autonómica, entre los que se incluyen, e incorporarlos a los de seguridad ciudadana, para poder hacer comparaciones con otras autonomías.
El objetivo sería realizar una simulación donde la Administración Central se vería ampliada, un ejercicio donde se supondría que ésta recauda todo y luego lo transfiere a las autonomías, para que los esfuerzos se calculen de forma homogénea.
Con esta fórmula, por el lado de los ingresos se computarían todos los tributos directos e indirectos, los municipales, cuotas a la Seguridad Social y las tasas. También los impuestos propios de regiones concretas, como los de Canarias.
Del lado de los gastos se establecerían cinco grupos: bienes y servicios públicos a nivel nacional que benefician a todos los ciudadanos -sea cual sea su territorio-, el gasto territorializable, la protección social, la regulación y promoción económica y los intereses de la deuda.
Quita hierro a los rifirrafes
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría quiso quitar hierro al choque entre regiones a cuenta de las balanzas fiscales, que consideró inherente a la propia reforma de la financiación.
Sin embargo, las cosas parecen verse de otro modo del lado de las propias autonomías. El Presidente de la Generalitat, Artur Mas sentenció ayer que "la ignorancia suele ser muy atrevida", en referencia a las balanzas fiscales publicadas por la Junta de Extremadura, José Antonio Monago y, en una entrevista a la emisora Rac1, apostó por "no dar coba" al barón popular.
El propio Monago recurrió a su vez al argumento de la inmigración padecida por su región para pedir que, a la hora de cambiar el modelo vigente, se tomen en consideración otros argumentos que no sean "puramente economicistas". No quiso responder al líder extremeño la portavoz del gobierno balear, Núria Riera, que apostó por un debate serio y responsable al respecto (Monago llamó "bobo" al líder del gobierno balear por pedir que el criterio de reparto a tener en cuenta sea el de la población).
Mientras, y en un tono distinto, el consejero de Economía y Hacienda madrileño, Enrique Ossorio, aseguró que las balanzas fiscales están generando desconcierto y destacó la necesidad de no confundirlas con el modelo de financiación en sí.
Por su parte, el Vicepresidente de valenciano, José Císcar dejó claro que no presentarán balanza fiscal alguna -Montoro pidió a las CCAA para que las calculasen en con el nuevo método elaborado por de la Fuente- y volvió a lamentar el hecho de que la Comunidad Valenciana esté "infrafinanciada". Si Hacienda presenta esas balanzas, remarcó Císcar, "bienvenidas sean".