Trillo conocía desde el principio los errores en la identificación de los militares del Yak-42

Aunque Defensa fue consciente desde el principio de las dudas sobre la identificación, Trillo las negó hasta el último momento, hasta que en 2004 las pruebas de ADN revelaron que todos los cadáveres identificados por los militares españoles recibieron una identidad equivocada.

Ahora el sumario revela que solo 8 días después del siniestro, el 3 de junio de 2003 el consulado en Estambul advirtió por fax al gabinete de Trillo de que las fechas de nacimiento que figuraban en lista oficial de fallecidos eran en muchos casos incorrectas y que hasta los nombres de pila de algunos soldados estaban confundidos.

El dato es crucial ya que estas listas fueron el documento principal de trabajo que manejó la delegación militar española en las tareas de identificación. El Gobierno del PP explicó en el momento del accidente al Parlamento y a las familias que la identificación de todos los cuerpos concluyó en apenas 36 horas gracias al examen, de entre otras cosas chapas y placas identificativas con los datos personales de los fallecidos.

Hasta 13 errores

Sin embargo la lista de nombres que manejó el equipo militar enviado a Turquía por Trillo para repatriar los cuerpos contenía al menos 13 errores. Por lo que en 13 de los casos el cotejo que alegó defensa habría sido imposible. De hecho, la gran mayoría de los soldados cuyas fechas de nacimiento figuraban de manera errónea en la lista, fueron mal identificados.

La lista que manejaron los militares que identificaron a los cadáveres fue la misma que se envió desde el Estado Mayor conjunto a la agregaduría de defensa en Ankara para emitir los certificados de defunción.

Cuando los servicios consulares usando esa lista remiten estos documentos cumplimentados a España, el gabinete del ministro observa varios errores en los datos de los fallecidos, lo que hace saber al consulado en Estambul. Es entonces cuando el cónsul Raimundo Ezquerra envía un fax al gabinete de Trillo advirtiendo de que los errores no habían sido cometidos por los servicios consulares sino que los datos erróneos, figuraban textualmente así en la lisita oficial. El cónsul hablaba inicialmente en su fax de 10 errores aunque esta cifra fue ampliándose posteriormente hasta 13.

Las dudas de las familias cinco meses después

Varios familiares de los fallecidos visitaron en octubre de 2003 el lugar del accidente y se trajeron varios objetos personales (chapas y placas) que supuestamente habían sido utilizados para identificar a algunos de los cadáveres.

El 2 de marzo de 2004, algunos medios publicaron un acta de la fiscalía turca que demostraba que menos de cuatro horas antes de su repatriación casi la mitad de los 62 cuerpos estaba sin identificar. La prueba definitiva llegaría meses más tarde: las pruebas de ADN ratificaron que 30 cuerpos, aquellos que fueron identificados por el equipo médico enviado por el Ministerio de Defensa se enterraron bajo un nombre que no les correspondía. Los 32 restantes que habían sido identificados por los turcos sí habían recibido el nombre correcto.

Un total de 21 cadáveres -los otros nueve habían sido incinerados- fueron exhumados, intercambiados y enterrados de nuevo, 20 meses después del siniestro. En febrero de 2004, un mes antes de que se difundiera el acta turca, Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa, recriminó a la viuda de un comandante por cuestionar en una carta pública la identificación de su marido.

Tres causas pendientes

La Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Zaragoza mantienen tres causas judiciales abiertas en las que se dilucidan posibles responsabilidades penales y civiles en el accidente del avión Yakovlev-42, del que mañana, lunes, se cumplirán cinco años.

El siniestro, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), provocó la muerte de 62 militares españoles y 13 miembros de la tripulación que regresaban de una misión en Afganistán y se convirtió en la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

En la actualidad la Audiencia Nacional mantiene abiertas dos causas sobre este asunto, una que investiga las presuntas irregularidades que pudieron producirse en la contratación del aparato y otra que analiza los errores que se cometieron en la identificación de 30 de los 62 cadáveres. Por su parte, la Audiencia de Zaragoza dilucida por la vía civil la concesión de indemnizaciones a las familias de las víctimas.