El cálculo de la esperanza de vida no se aplicará al 60% de las pensiones

Igual que el peso de la recaudación del IRPF recae principalmente sobre las clases medias, lo mismo va a suceder con la reforma de la Seguridad Social que aprobó el Gobierno a finales de diciembre. Afectará principalmente a los jubilados cuya pensión sea superior a la mínima del sistema -en la actualidad 600 euros/mes- y no llegue a la máxima -2.544 euros/mes-.

Según datos de pensiones del año 2013, este grupo representa el 40 por ciento del total y sobre ellos pesan especialmente los dos cambios contenidos en la reforma. El primero, el nuevo Índice de Revalorización, se ha empezado a aplicar este año y cambia el sistema de incremento anual para todas las pensiones.

La subida se limita a un 0,25 por ciento como máximo cada año, aunque la inflación haya sido superior. La segunda innovación, el denominado Factor de Sostenibilidad, consiste grosso modo en tener en cuenta para el cálculo inicial de la pensión los años que vivirá el pensionista desde que empiece a percibir la prestación.

La referencia es la esperanza de vida. Salvo que cambiasen mucho las condiciones de vida y la atención sanitaria, España sigue estando entre los países con una longevidad mayor (82,4 años en 2013, según la OCDE). Nos situamos por encima de la media de la UE y parejos a Francia e Italia.

Esta medición se aplicará en 2019 pero no afecta a todos los pensionistas. Quedan excluidas del factor de sostenibilidad las pensiones contributivas por incapacidad, viudedad, orfandad, favor de familiares y también las máximas y mínimas de jubilación, así como las que provienen de prestaciones de incapacidad y se convierten en pensiones de jubilación, cuando les llega la edad legal de retiro.

¿Por qué puede quedar fuera del factor de sostenibilidad casi un 20 por ciento de las pensiones de jubilación? El factor de sostenibilidad se aplica sobre la base de cálculo de la pensión. En el caso de las máximas esta base es muy superior a la cuantía que finalmente se percibe porque las pensiones máximas están limitadas.

En 2014 el tope son 2.544 euros, y ello hará que estas pensiones no noten la rebaja que produce el nuevo cálculo. En el extremo opuesto, cualquier prestación inferior al mínimo establecido recibe un complemento del Estado hasta que llega a ese nivel. Tampoco les va a afectar y lo mismo sucederá con los jubilados, cuya pensión fue calculada inicialmente como una prestación de incapacidad temporal.

Un efecto dudoso

Con los datos de pensiones del año 2013, un 60 por ciento de pensionistas quedaría excluido del factor de sostenibilidad que recaería solamente sobre el tramo del 40 por ciento antes referido. Obviamente el problema principal del sistema reside en las pensiones de jubilación. Son las más numerosas -sumaban 5.523.056 en enero- y hay que dar respuesta a la llegada de un mayor números de mayores de 65 en los próximos años, a su mayor esperanza de vida y a la mayor cuantía de sus pensiones. La duda es si es suficiente actuar sobre estas pensiones y por qué no se reforma el conjunto.

Los expertos consideran que el factor de sostenibilidad produce individualmente una merma del poder adquisitivo de la pensión. Algunos estudios dicen que si se sobrepasa en 20 años la esperanza de vida, la pensión debería reducirse casi un 5 por ciento por cada año de más. Este parámetro seguirá muy alto cuando se calcule el factor de sostenibilidad para su primer periodo de vigencia de 2019 a 2023.

¿Qué efectividad tendrá para mejorar las cuentas del sistema de pensiones? En 2019 ya se estará jubilando la generación del baby boom de la segunda mitad del siglo pasado. Se estima que se producirán alrededor de 500.000 nuevas altas de jubilación, frente a las 300.000 que puede haber actualmente. Los expertos sostienen que hará falta una década o más para que la aplicación de la esperanza de vida afecte de forma general al cálculo de las jubilaciones y además sólo recaerá sobre el 80 por ciento de las de jubilaciones. Su impacto a medio plazo para contener el gasto de la Seguridad Social será relativo.

Sin embargo, será inmediato para quienes accedan a la jubilación. Por ejemplo, una persona que se haya jubilado con 1.500 euros mensuales en 2013 tendrá más poder adquisitivo que otra que lo haga en 2019 habiendo pagado las mismas cuotas y habiendo cotizado igual número de años. En el primer caso, en el cálculo de la pensión no actúa el factor de sostenibilidad, ni el Índice de Revalorización que sí influirá en los incrementos de esa pensión de ahora en adelante. Quienes se jubilen a partir de 2019 sufrirán el efecto de ambas medidas.

Hay coincidencia entre los analistas y entre el grupo de expertos que diseñó las líneas básicas de las reforma en que el nuevo Índice de Revalorización, que limita el incremento anual de las pensiones en un 0,25 por ciento, es la decisión de más impacto inmediato tanto en el bolsillo de los pensionistas como en la reducción del gasto de la Seguridad Social.

Baja la nómina de pensiones

La primera estadística de pensiones de 2014, que se hizo pública el martes, ya muestra claramente la reducción que se ha producido en la nómina mensual de pensiones (7.918,05 millones) por el Índice de Revalorización. Por primera vez desde 2010, el gasto mensual se ha reducido en 1,3 puntos porcentuales. Mientras en enero del año pasado este gasto crecía a un ritmo del 4,8 por ciento, al empezar 2014 ha bajado al 3,5 por ciento.

También se empieza a notar la paulatina ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años y, como apunta el Ministerio de Empleo, la reducción del número de jubilaciones anticipadas por las medidas adoptas. Se estima que el número de trabajadores que abandonó en 2013 el mercado de trabajo antes de la edad legal ha disminuido un 6,5 por ciento. En este descenso de las prejubilaciones hay que tener en cuenta que 2013 fue el último año en que se jubilaron personas que habían empezado a trabajar antes de 1967 y que podían acceder a la pensión con 60 años.

Las prejubilaciones constituyen un problema para el gasto de la Seguridad Social, ya que la prestación que reciben se sitúa habitualmente por encima de la pensión media de jubilación (990 euros), después de haber cotizado menos años.

Sostenible ¿pero suficiente?

Sin embargo, en la misma ley que establece el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad se quita una traba que se había puesto recientemente a las jubilaciones anticipadas en grandes multinacionales. Hasta la reforma de diciembre, el coste de las jubilaciones anticipadas a causa de un ERE corría a cargo de las empresas si a pesar de tener pérdidas en España obtenían beneficio del resto de sus filiales. La modificación de la ley hace que el sistema de Seguridad Social se vuelva a hacer cargo del coste de esas jubilaciones antes de tiempo.

Esto puede tener el efecto de incrementar en 2014 nuevamente el número de jubilaciones anticipadas, pues exime del pago de cuotas y del paro a las empresas, como se exigía desde 2011. Esta fórmula con la aquiescencia de los sindicatos se ha utilizado como una forma de bajar costes y rejuvenecer las empresas.

La crisis ha puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades del sistema de pensiones. La Seguridad Social pudo aguantar mejor que el Estado y el resto de Administraciones los primeros embates de la recesión. De hecho los pensionistas resistían y ayudaban a sus hijos, mientras crecía el número de ciudadanos que se acercaba al umbral de pobreza entre el resto de la población (ver cuadro). La resistencia de la Seguridad Social se ha debido al estado saneado de sus cuentas y a los ahorros que engordaban con su superávit.

No obstante, la pérdida de afiliados ha anticipado unos problemas que aun sin crisis se hubieran tenido que abordar en pocos años por el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida. La reforma de 2013 garantiza hasta cierto punto la sostenibilidad, pero deja abierta la incógnita de la suficiencia de las pensiones, lo que abre una vía de mayor desigualdad y empobrecimiento dentro de ese segmento de población. A juicio de los expertos, la reforma deja muchos cabos sueltos y no ha desarrollado alternativa para canalizar el ahorro previsión.