El juez del 'caso Nóos' pregunta a las partes si debe citar como imputada a la infanta Cristina

El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, se ha dirigido hoy a las partes personadas en el proceso para preguntarles si creen que debe citar a la infanta Cristina para que declare como imputada por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En la providencia dictada este lunes el juez da cinco días de plazo y pide a las partes que "hagan las alegaciones que estimen pertinentes en relación con una hipotética citación de doña Cristina de Borbón para que comparezca a prestar declaración en calidad de imputada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo".

El juez ha dictado esta resolución tras haber recibido el pasado 5 de diciembre los informes de la Agencia Tributaria que estaban pendientes, últimas diligencias que había ordenado antes de pronunciarse sobre una eventual nueva imputación.

Fuentes judiciales apuntan a que será a finales de diciembre o principios de enero cuando, mediante un auto, el juez dará a conocer su decisión definitiva. La Fiscalía ya dio a conocer recientemente su postura al oponerse a la imputación de la Infanta por considerar que sobre ella no pesan indicios delictivos.

La Audiencia Provincial de Baleares ya apuntó, en el auto por el que dejó las puertas abiertas a la nueva imputación de la Infanta, al hecho de que tanto Iñaki Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son copropietarios.

Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

De hecho, la Sala incidía en que, si bien la Duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

En esta misma línea, la Audiencia señalaba que la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".

Los magistrados recalcaban que mientras Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el que "podría estar en condiciones de impedir la defraudación" a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008.