La cruz de los veranos: cada hectárea quemada cuesta 3.000 euros

Es decir, las quemas de montes que cada año asolan nuestro país tienen un coste total que alcanza los 1.776 millones de euros anuales.

En España, la superficie media anual devastada por los incendios forestales es de 150.000 hectáreas, y el coste de cada una de ellas asciende hasta los 3.000 euros. Cifra difícilmente asumible por la administración de una comunidad pequeña. En este sentido, el autor del informe y responsable de bosques de WWF/Adena, Félix Romero, denuncia que "los gobiernos autonómicos no otorgan a la gestión forestal la prioridad suficiente para minimizar el riesgo de los incendios".

Además precisó que "las comunidades autónomas con baja densidad de población y baja renta per cápita, pero con gran patrimonio forestal, afrontan la gestión de su territorio y la lucha contra los incendios forestales con insuficientes recursos".

Romero también considera necesario corregir las políticas actuales en el medio rural. Denuncia que los únicos que reciben indemnizaciones (seguros agrarios o inversión en proyectos de restauración) son los propietarios del terreno afectado. Sin embargo, "no se premia a los que realizan una buena gestión forestal ni se invierte en las zonas rurales más necesitadas".

Continúan los incendios

Los datos ofrecidos recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente -durante los siete primeros meses de 2006 han ardido en España 37.706 hectáreas- llevaron al Gobierno a difundir una información precipitada: los incendios forestales habían descendido un 50 por ciento respecto al año pasado. A esta última cifra ofrecida por el Ministerio debemos sumarle las hectáreas devastadas por los incendios de Galicia y Cataluña de los últimos días, que ascienden a un total de 6.270.

Contra todo pronóstico, y a pesar de las mejoras en los métodos de prevención de incendios y de los medios utilizados, el número de siniestros forestales durante la última década no ha disminuido. Es más, ha tendido a aumentar: de los 18.140 casos anuales registrados en la década de los 90, se ha pasado a una media de 21.600 durante los últimos seis años.

Las pérdidas medioambientales por los incendios forestales acaecidos en España desde 1991 a 2005 fue de 14.043 millones de euros, a los que habría que sumar 4.875 millones por gastos de extinción y restauración de la zona devastada. Por lo tanto, el gasto asciende a un total aproximado de 19.000 millones de euros. Esta cifra equivaldría al coste de más de tres ampliaciones del aeropuerto madrileño de Barajas (6.000 millones de euros) o a casi tres veces el presupuesto destinado en el último ejercicio el Ministerio de Defensa.

Durante este periodo, la superficie quemada fue de 2.107.836 hectáreas, es decir, el 43 por ciento de la superficie total se quemó en el 0,18 por ciento de los incendios registrados. O lo que es lo mismo, pocos incendios quemaron grandes superficies.

Según el informe de WWF/Adena, uno de los principales problemas a la hora de percibir las pérdidas ocasionadas por una importante catástrofe ecológica es la dificultad de cuantificar económicamente los servicios ambientales generados por los bosques a la sociedad, como la regulación y el aporte de agua, la protección frente a inundaciones, el paisajismo, entre otros.

Es más, las inversiones en el medio forestal no tienen en cuenta los costes de restauración que produciría una catástrofe, lo que significa que "los políticos infravaloran la importancia de invertir en una gestión forestal social y ambientalmente responsable que minimice el riesgo de daño ambiental", afirmó Romero.

Sindicatos 'en acción'

Con relación a las últimas víctimas por ola de incendios de los últimos días, UGT reclamó mejoras en la situación de los trabajadores del sector forestal, es decir, mayor formación y mejores condiciones de contratación para reducir los siniestros laborales derivados de la precariedad y la temporalidad de los puestos de trabajo.

Confía en que la aplicación de la Ley de Montes contribuya a frenar la desertificación que sufre España y a combatir el delito ecológico, es decir, a reducir el número de incendios en el medio rural. El sindicato considera que "la prevención de incendios debe abordarse desde una política global".

El informe de WWF/Adena recoge que el 47 por ciento de los Gran Incendio Forestal -los que arrasan más de 500 hectáreas- son intencionados, pero no relacionados con quemas agrícolas o ganaderas. Este dato revela la existencia de importantes conflictos socioeconómicos que deben atajarse si se quiere ser efectivo en la prevención de los incendios.