El ICO arrastra una mora del 40% en su línea de crédito directo para pymes

Al Instituto de Crédito Oficial (ICO) aún le cuesta caro el fracaso de su programa de concesión directa de créditos a las pequeñas y medianas empresas, iniciado en junio de 2010 y cancelado de forma fulminante en 2012, después de dar salida a 500 millones de euros aproximadamente. La morosidad de esos préstamos, según fuentes de la institución dependiente del Ministerio de Economía, no ha dejado de crecer desde el inicio del proyecto y ahora ronda el 40%.

El perjuicio va más allá de los impagos propiamente dichos, dado que el ICO no deja de ser un banco público y, como todas las entidades financieras, está obligado a provisionar sus préstamos dudosos "y eso supone una carga en nuestra cuenta de resultados cada año", de acuerdo con las mencionadas fuentes.

Son las consecuencias de una herencia envenenada, fruto del deseo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de tomar atajos a la hora de encarar el todavía no solucionado problema de la escasez de financiación para las pymes. A mediados de 2010, esa sequía ya era una realidad y Zapatero decidió dar un vuelco a la manera de actuar del banco público.

Por primera vez, a través del programa ICO-Directo, su tarea no se agotaba en conseguir fondos en los mercados internacionales y en ponerlos en manos de la banca comercial para que se encargara de hacerlos llegar a sus últimos destinatarios: las empresas.

Zapatero desconfiaba precisamente del intermediario, y pensaba que la banca comercial endurecía los requisitos a la hora de conceder créditos sólo para protegerse y empezar a sanear unos balances que ya hacían aguas. Sobre esas premisas la solución era evidente: el ICO, entonces presidido por José María Ayala, tenía que ganar la potestad de recibir de forma directa las solicitudes de préstamos; dejar que sus propios técnicos las analizaran, dictaminaran qué garantías habría que reunir y decidieran si el crédito se concedía o no, asumiendo los riesgos al 100 por ciento.

"Contradicción interna"

En otras palabras, había que cuadrar un círculo. Un informe de evaluación de las líneas ICO del Ministerio de Hacienda habla de la "contradicción interna" que supone la obligación de "por una parte ejecutar la política del Gobierno y, por otra, actuar siguiendo criterios propios de una entidad financiera que tiene que equilibrar su cuenta de resultados".

Esa última tarea no es nada simple cuando la cartera de clientes se nutre, en el caso del ICO-Directo, de "los rechazados por las otras instituciones de crédito", continúa el mencionado informe, atraídos por baremos, en teoría, más relajados, que les abrían la puerta a créditos de, en promedio, 42.000 euros (con un tope de 200.000), sometidos a un tipo de interés de euríbor más 350 puntos básicos.

De hecho, un empresario o emprendedor interesado podía hacer su solicitud al ICO y aportar sus garantías por Internet y, si su petición superaba el proceso de selección, acudir a una oficina del BBVA o del Santander para recoger el dinero, sin que esas entidades tuvieran obligación de hacerle ninguna pregunta, ya que todos los riesgos quedaban en manos del ICO.

Aumento vertiginoso

Como resultado, tanto la irregularidad (impagos de menos de 90 días en las cuotas) como la morosidad (impagos superiores a los tres meses) pronto se dispararon, tanto en el caso del ICO-Directo como en el de otro programa de financiación heterodoxo, dirigido a micropymes en fase muy temprana de creación, como fue el ICO-Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Al cierre de 2010, el año en que ambos nacieron, la tasa de irregularidad para los dos ya estaba en el 3,42%; solamente 15 meses después se había encaramado al 21,34%.

En lo que a la morosidad propiamente dicha concierne, su ratio pasó de ser nulo en diciembre de 2010 a situarse en el 5,64 por ciento al cierre del segundo trimestre de 2012 y no ha dejado de crecer desde entonces, pese a que el ICO ha descartado ya todo programa de financiación en el que, además de conseguir los fondos, tenga que asumir todo el riesgo de la financiación.

El perjuicio podría haber sido todavía mayor, sino fuera por el hecho de que la línea ICO-Directo no fue nada eficiente ("faltaron los recursos y los medios necesarios", señala el ya citado informe de Hacienda) y los fondos movilizados fueron siempre muy exiguos: 500 millones de euros en total.

Su escasez se percibe mejor descendiendo a los datos desglosados año por año. Así, en todo 2011, el polémico programa que Zapatero impulsó únicamente dio salida a 341 millones de euros, esto es, el 2,26% del volumen total de financiación (15.047 millones) que fue encauzado por las líneas de mediación tradicionales del ICO en ese mismo ejercicio.