La independencia perjudicaría el nivel de vida de los catalanes actuales

El independentismo catalán tiene su base entre los catalanes más jóvenes, pero para convertirse en mayoritario los líderes de CiU y de ERC saben que es necesario pescar apoyos en dos grandes colectivos: los jubilados y los parados. La crisis económica afecta especialmente a los 873.000 desempleados que existen en Cataluña, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 23,85 por ciento de la población activa, y los partidos nacionalistas no han dudado en afirmar que en una Cataluña independiente la tasa de paro se reduciría en 10 puntos.

El segundo grupo donde echar las redes son los jubilados. Cataluña es la autonomía española en que existe un mayor número de jubilados, 1,6 millones de personas, y, aunque muchos de ellos son inmigrantes que proviene de otras regiones españolas, el partido de Artur Mas les ha prometido que sus pensiones serían mayores en una Cataluña independiente.

Entre parados y jubilados suman 2,47 millones de personas, sobre un censo electoral de 5,2 millones, lo que da una idea de la importancia de convencerles. Pero, ¿es cierto que habrá más trabajo y pensiones más altas en una Cataluña independiente o es sólo populismo?

En la actualidad, los trabajadores catalanes pagan sus cuotas a la Seguridad Social como todo el mundo, y sus pensionistas y parados cobran prestaciones por su situación. En números, en 2010, Cataluña recaudó para la Seguridad Social 24.318 millones de euros, y el Estado le transfirió un total de 27.107 millones, lo cual quiere decir que el Estado hizo llegar a los ciudadanos catalanes más dinero del que los trabajadores catalanes aportaron a la Seguridad Social. La diferencia es de 2.789 millones.

Ante esta situación, y el previsible aumento del número de jubilados, difícilmente una Cataluña independiente podría aumentarlas pensiones. Más bien al contrario. Según estas cifras de déficit de la Seguridad Social, las pensiones de los jubilados caerían más de un 5 por ciento si fueran sólo sufragadas con las cotizaciones de los afiliados catalanes y sin aportaciones de la Seguridad Social estatal. Ello significaría que la pensión media de un pensionista catalán bajaría en 50 euros mensuales, unos 700 euros menos al año, lo que supondría una disminución en su nivel de vida.

El IVA, una vía de agua

Los independentistas se defienden diciendo que destinarían a pensiones parte del déficit fiscal que tiene Cataluña con España y que cifran en 16.000 millones. Sin embargo, la contabilización de ese déficit fiscal genera muchas polémicas, ya que la Generalitat imputa a Cataluña "el IVA pagado por un ciudadano de Oviedo a un comercio de Mataró (Barcelona) ya que es donde se localiza el objeto de imposición". Es decir, el Gobierno catalán suma a los impuestos pagados por los catalanes impuestos no pagados en realidad por catalanes, sino por otros españoles.

Entre los impuestos contabilizados de esta forma se encuentran los impuestos sobre la renta generada en Cataluña por ciudadanos no catalanes; los impuestos sobre el alcohol y bebidas pagados en Cataluña por no residentes en Cataluña; los Impuestos sobre el tabaco pagados en Cataluña por no residentes en Cataluña, y , sobre todo, el IVA pagado en Cataluña por no residentes en Cataluña. En total unos 10.000 millones de "impuestos pagados por los catalanes al Estado" que en realidad son pagados por el resto de españoles. Sin ellos el déficit fiscal se reduciría a sólo 6.000 millones.

Es precisamente el cobro de ese IVA el que mayores quebraderos produciría a una hipotética Cataluña independiente. Aunque el proceso de secesión fuera pactado con el Gobierno de Madrid, Cataluña perdería de golpe los ingresos por IVA de todas la ventas que hacen las empresas catalanas al resto de España, ya que las exportaciones están exentas de ese impuesto. Además, las empresas catalanas perderían casi con toda seguridad una parte significativa de sus ventas en España (que es su principal mercado), lo que supondría menos actividad y una reducción de los beneficios de las empresas (menos Impuesto de Sociedades).

A estas pérdidas habría que sumar la caída de las exportaciones a la Unión Europea, al pasar a estar gravadas con el arancel comunitario ya que Cataluña quedaría fuera de esta organización.

La disminución de la actividad industrial y las previsibles deslocalizaciones de empresas supondrían un aumento del desempleo y la consecuente pérdida de ingresos por cotizaciones sociales, lo que acentuaría aún más el déficit de la Seguridad Social.

El mero proceso soberanista abierto por Mas ha generado una incertidumbre sobre las futuras relaciones entre Cataluña y España que constituye un freno para los planes de los inversores internacionales y aumenta las incertidumbres a las que se enfrentan las entidades financieras catalanas. Según el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Universidad Autónoma de Barcelona, Clemente Polo, "si Cataluña se independiza, quedará fuera de la UE. Por cuánto tiempo es algo que nadie sabe, pero el proceso de entrada podría demorarse al menos una década (o incluso no llegar a consumarse), y algunas entidades financieras catalanas, como La Caixa o Banco Sabadell, saben que si se constituye un nuevo Estado en Cataluña tendrán que hacer las maletas para no quedar excluidas del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)".

Otro factor a tener en cuenta son las deslocalizaciones, tanto de empresarios catalanes que ya han manifestado su disposición a trasladarse a España si la independencia se materializa (Grupo Planeta, por ejemplo) como de multinacionales que tienen su sede para España e incluso para Portugal en Barcelona (Nestlé, Bayer, Volkswagen-Audi España, etc).

El reparto de la deuda

Otro problema económico muy serio es el reparto de los bienes, y las deudas comunes, acumulados durante varios siglos a lo largo de los cuales Cataluña y el resto de España han compartido gobiernos, mercados, moneda, fiscalidad. La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas alcanzó los 942.758 millones de euros en el primer trimestre de este año. A Cataluña le corresponderían unos 176.000 millones (al 18,7 por ciento que pesa Cataluña en el PIB español). Esta cifra supone el 92 por ciento del PIB anual catalán, lo que dejaría a la Generalitat con muy escaso margen para endeudarse.

Ante este panorama, los 16.000 millones de déficit fiscal que denuncia la Generalitat, parecen muy insuficientes para atenuar el golpe económico que padecerían los ciudadanos catalanes.

Sin embargo, diversos expertos aseguran que el dinamismo de la economía catalana podría atenuar este impacto inicial una vez que Cataluña se reintegrara en la UE. Es decir, que los catalanes actuales deberían sacrificar su nivel de vida para que sus hijos, o sus nietos, lo vieran aumentado.