Las Cámaras mediarán en los pleitos con la Administración

Allí estaban todos. Al menos todos los que son y pretenden ser en el mundo de la economía y de la empresa se dieron cita ayer en la Asamblea de la Cámaras de Comercio para asistir al alumbramiento de la nueva Cámara de España, entidad que nace de la transformación del Consejo Superior de Cámaras con la nueva ley que regulará a estas entidades milenarias.

Una ley que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció entrará en vigor antes de finalizar el primer trimestre de este año, y que, como adelantó elEconomista, encomienda a las Cámaras cuatro actividades esenciales: el impulso a la internacionalización empresarial, especialmente de las pymes; el apoyo a los emprendedores y a la creación de empresas; la mejora de la competitividad; y el desarrollo de la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos.

En esta última materia, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ante los empresarios asistentes a la Asamblea que su Departamento está estudiando incorporar la mediación como otro mecanismo más para la resolución de conflictos en el ámbito contencioso-administrativo e, incluso, en los asuntos penales.

En la actualidad, la mediación sólo afecta a asuntos civiles y mercantiles y el ministro reconoció que es complicado trasladarla al contencioso-administrativo porque el Estado tiene más dificultades para su defensa, por lo que se debería aplicar con "limitaciones superiores".

Respecto al ámbito penal, ya hay figuras de mediación, como la conformidad, y en los países que sí contemplan esa figura se ha demostrado que evitan "juicios innecesarios y muy costosos", destacó Ruiz-Gallardón, quien matizó que "si queremos que la justicia sea un factor de competitividad, hay que tener el concepto claro de que a los tribunales deben de ir aquellos asuntos de último recurso, que no tengan la posibilidad de ser resueltos mediante mecanismos alternativos previos".

Los asuntos de familia, las reclamaciones por seguros de responsabilidad civil, por alquileres o los conflictos sucesorios serán otros de los supuestos en los que la mediación supondrá, en palabras del ministro, " una buena alternativa".

Respecto al resto de encomiendas, por las que el Estado pagará sus servicios a las Cámaras, el secretario de Estado de Comercio explicó que en materia de internacionalización, las Cámaras -que seguirán siendo corporaciones de derecho público- colaborarán con la Administración en la ampliación de la base exportadora y en el impulso a la calidad de la exportación. Para ello, seguirán elaborando el Plan Cameral de Exportación, en coordinación con el Gobierno y las comunidades autónomas.

En opinión de García-Legaz, otra de las funciones esenciales que asumirán las Cámaras es el apoyo a los emprendedores. La recuperación económica "vendrá de la creación de miles de pymes", resaltó, para añadir que "necesitamos mas que nunca que se vuelvan a crear empresas y para ello necesitamos a las Cámaras".