El rescate amenaza con bloquear las ayudas fiscales para emprendedores

"Algunas de estas medidas fiscales, junto con otras concretas en el ámbito de la financiación, la tramitación administrativa y la gestión laboral, se englobarán en la Ley de Apoyo a los Emprendedores que el Gobierno enviará a la Cámara dentro de los próximos tres meses".

Estas palabras las pronunciaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso de investidura, el pasado 19 de diciembre. Pues bien: hoy, casi seis meses después, este proyecto estrella del programa electoral del Partido Popular permanece en cuarentena, paralizado por Hacienda, y con serias posibilidades de que las condiciones, que las hay y duras, de Bruselas por el rescate financiero a España, obliguen a sacar un proyecto de ley descafeinado, sin los apoyos fiscales prometidos, o reducidos a su mínima expresión.

Aunque entre los miembros de la Comisión Interministerial creada para elaborar el proyecto de Ley hay versiones contradictorias sobre los plazos y el contenido de la misma, se tienen "dudas razonables" de que, una vez autorizado el rescate, Bruselas permita modificar el régimen del IVA para que los autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que hayan cobrado efectivamente el importe de las facturas.

Otras fuentes estiman, sin embargo, que esta medida, una de las más demandadas por los emprendedores, podría realizarse sin modificar la normativa, ampliando el mecanismo de anticipos y que es en esto en lo que estarían trabajando ahora los técnicos de Hacienda.

Compensación de deudas

Otra de las medidas en cuestión sería la llamada cuenta de compensación de deudas para descontar automáticamente cualquier tipo de deuda reconocida por una Administración Pública. En este punto, los técnicos de Hacienda ya se han encargado de rebajar al máximo el ámbito de aplicación de la medida, hasta el punto de que, si se aplica, será sólo para deudas con la Agencia Tributaria.

También, y por motivos recaudatorios, está aplazada, de momento sine die, la reforma de la tributación por módulos para ajustarla a las nuevas circunstancias de las empresas en una situación de crisis.

La tributación por módulos afecta en España a un millón de trabajadores autónomos y la recaudación obtenida se sitúa en torno a 1.800 millones de euros.

En cuarentena están también por el rescate, que según el Gobierno no es rescate, las exenciones tributarias por reinversión de beneficios, la modernización del IRPF "para favorecer el ahorro, la inversión y la creación de empleo", y el resto de los beneficios impositivos por el emprendimiento.

También se está considerando la viabilidad de crear o no el fondo de inversión para emprendedores, con una dotación de 40 millones de euros, destinado a capital semilla, que se realizará a través de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente de la Dirección General de la Pyme, del Ministerio de Industria, Turismo y Energía.

La palabra de Rajoy

A pesar de las divergencias entre los ministerios afectados, en lo que sí existe coincidencia es en que la palabra final sobre cuándo y cómo saldrá la Ley de Emprendedores la tiene Mariano Rajoy. "Si el presidente quiere, y lo necesita por cuestión de imagen y para contrarrestar el impacto de los ajustes, el proyecto de ley podría adelantarse a final de julio", aseguran, aunque con reservas sobre el contenido.

De hecho, la Comisión Interministerial sigue reuniéndose y ayer mismo abordó la llamada "segunda oportunidad", que avanzó la semana pasada Soraya Sáenz de Santamaría. Una figura retórica con la que la vicepresidenta aludía a la necesidad de que "aquellos emprendedores que no hayan tenido éxito por la coyuntura económica en su primera iniciativa, puedan liberarse de las cargas de esa primera actuación para poder continuar con su espíritu emprendedor".

Para conseguir este objetivo, las propuestas que baraja la comisión interministerial se dirigen, como adelantó elEconomista el viernes último, a establecer un límite de responsabilidad para el empresario autónomo, similar al que actualmente existe para las sociedades anónimas.

Además, se quiere fijar un mínimo inembargable, en el que parece van a figurar la primera vivienda y los útiles para poder seguir ejerciendo la actividad profesional.