El hombre que acusó de estafa a 'los Albertos' pide justicia

Se trata del arquitecto valenciano Pedro Sentieri, que consiguió que, en diciembre de 2000, la Audiencia Provincial de Madrid declarara culpables a los Albertos de estos delitos y que, tres años después, el Tribunal Supremo los condenara a 3 años y 4 meses de prisión.

El 'indulto' del Constitucional

El pasado miércoles el Tribunal Constitucional hizo pública la sentencia que salva a los dos financieros de la cárcel. Este órgano, al igual que la Audiencia madrileña, considera prescritos los delitos, echando por tierra la doctrina del Supremo sobre la prescripción. En este sentido, anula la sentencia de este último tribunal por vulnerar el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva en relación con su derecho a la libertad personal.

Es decir: según el Constitucional los Albertos fueron condenados por unos delitos que ya habían prescrito cuando, en 1993, los comenzó a investigar un juez de Madrid. Pero desestima la demanda de amparo en todo lo demás.

Culpables o inocentes

Por eso, Sentieri tiene claro que los Albertos continúan siendo culpables y deben indemnizar a las víctimas del caso Urbanor. Los estafados, 28 accionistas minoritarios vinculados al Grupo San Martín y al Grupo Astor, mantienen que los dos financieros tienen pendiente el pago de más de 40 millones de euros, que se sumarían a los 50 millones que ya abonaron.

Y saben que se volverán a sentar en el banquillo de los acusados, junto con sus abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, por el caso de la carta falsa: un documento que supuestamente exculpaba a Cortina y Alcocer de la estafa en Urbanor y que, según los peritos de la Guardia Civil, es falso. Están imputados por denuncia falsa, estafa procesal y falsedad documental.

De admirador a estafado

El único proyecto de Pedro Sentieri fuera de Valencia fue el de las Torres Kio de la Plaza de Castilla en Madrid, así como los dos edificios anexos: la torre de Vallehermoso y el hotel Castilla Plaza. Fue el arquitecto responsable de la ejecución de las polémicas torres inclinadas y el que firmó el proyecto, aunque la idea de hacer dos edificios que no fueran completamente verticales no fue suya.

Sentieri, quien antes de comenzar a hacer negocios con los Albertos era un admirador confeso de su trayectoria profesional, ofreció a los dos financieros entrar en la operación de las Torres Kio, bautizadas oficialmente como Puerta de Europa, al considerar que era un "bocado demasiado grande" para afrontarlo en solitario. A través del Grupo San Martín contactaron con Construcciones y Contratas y les cedieron el 68 por ciento -el 14 por ciento a San Martín y el resto para los Albertos- de Urbanor.

Posteriormente surgió la venta de los terrenos a Kio. Los dos financieros, según la versión de Sentieri, los presionaron para vender porque los kuwaitíes querían el 95 por ciento. Si no vendían "torpedeaban" su entrada en el Banco Central. Al final, casi como un favor, accedieron sin imaginar lo que iba a suceder después.

Así fue la presunta estafa

¿Cuándo se dio cuenta Sentieri de que había sido estafado? El primer indicio fue tras la lectura del libro La rebelión de los Albertos, de Casimiro García-Abadillo y Luis F. Fidalgo. En él aparecía que los terrenos se vendieron a Kio por 230.000 pesetas por metro cuadrado, frente a las 150.000 pesetas que ellos cobraron. En todo momento creyeron que era el precio que habían pagado los kuwaitíes.

Pero no. Según la versión que ha mantenido desde el principio Sentieri y que fue ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2003, posteriormente pudieron contrastar, a través de Prima Inmobiliaria y de la misma Agencia Tributaria, que Urbanor fue valorada para su venta a Kio por 28.000 millones de pesetas y no por los 18.000 que les habían dicho a los socios minoritarios.

Contrato con Kio

Las sospechas fueron en aumento hasta que en 1992 apareció en la habitación del hotel Eurobuilding de Madrid, en el que se hospedaba, una fotocopia del contrato firmado entre los Albertos y el Grupo Kio el 23 de diciembre de 1987. En él se recogía un precio de compraventa de 231.000 pesetas por metro cuadrado. En un principio dudó sobre la autenticidad del documento, pero los datos encajaban: el contrato hacía referencia al uso hotelero que inicialmente se iba a dar a los solares, algo que pocas personas conocían. No había dudas.

En las sentencias de la Audiencia de Madrid y del Supremo sobre el caso consta como hecho probado que Construcciones y Contratas pactó con el Grupo Kio un único precio de 231.000 pesetas y que la cantidad global fue distribuida por Cortina y Alcocer de la forma que consideraron conveniente para estafar a los 28 socios minoritarios de Urbanor.

Luego llegó la querella, presentada en el juzgado de guardia el 6 de enero de 1993, un día antes de que prescribieran los delitos... En cualquier caso, Sentieri asegura que sólo quiere justicia y, quizá por eso, le llama la atención que los Albertos pagaran a título personal los 50 millones de euros de indemnización. Las sentencias prueban que la beneficiaria de la estafa fue Corporación Financiera Hispánica. A su juicio esto significa que los beneficiarios reales de la estafa fueron ellos.