Urdangarin pudo intentar destruir pruebas eliminando el rastro del dinero

Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres podrían haber intentado en el último año y medio destruir pruebas o entorpecer la investigación, eliminando el rastro del dinero captado, para evitar ser imputados por un presunto delito de engaño a la Administración, fraude fiscal y evasión de capitales. Según aseguran fuentes próximas a la investigación, esa sería una de las razones que explicaría que apenas unos días después de que se iniciara el proceso, Urdangarín trasladara el pasado mes de agosto la sede de su consultora, Aizoon, desde su palacete en el barrio de Pedralbes (Barcelona) a unas oficinas en la calle Balmes, también en la capital catalana.|Diego torres amenaza con 'tirar de la manta'. |Urdangarín reformó su palacete con dinero público

Y, posiblemente, fuera igualmente uno de los motivos por los que, según explican las fuentes consultadas, los dos socios decidieron liquidar la empresa De Goes Center for Stakeholder Management, una compañía británica con subsidiaria en España y raíces a su vez en Belice, que se habría utilizado para el desvío de fondos.

En el Registro Mercantil de Londres, consta de hecho el registro de su disolución definitiva el 29 de junio de 2010, meses antes por lo tanto de que se iniciara de forma oficial la investigación, aunque ya había acusaciones contra ambos.

La operativa

De acuerdo con los datos recabados hasta ahora, el Instituto Nóos, que encabezaba Urdangarín y en el que estaba también la Infanta Cristina y su secretario personal, Carlos García Revenga, adquirió en 2006 una firma en Belice, que a su vez se habría hecho con el control de la sociedad británica De Goes Center For Stakeholder Management.

El desvío del dinero se habría hecho, presuntamente, a través de una subsidiaria de ésta en España, cuyo administrador único es Mario Sorribas, persona que según los investigadores podría haber actuado como testaferro de Urdangarín . De hecho, Sorribas figura también como apoderado de Aizoon.

La Agencia Tributaria y la Fis- calía Anticorrupción tienen sospechas fundadas de que el duque de Palma pudo desviar a paraísos fiscales alrededor de 400.000 euros, principalmente a Belice, pero también a Luxemburgo. No obstante, todo indica que el plan final era haber desviado hasta un total de 5 millones de euros.

La investigación se está centrando ahora en descubrir si Urdangarín o Torres pudieran tener, al margen de las sociedades, cuentas en paraísos fiscales, donde habrían ocultado una parte del patrimonio generado en los últimos años.

El abogado Pascual Vives, que representa al duque de Palma, ha denunciado mientras tanto el "linchamiento moral" que sufre su cliente, la existencia de "un juicio paralelo" y la imposibilidad de defender- se ante los ataques recibidos.

En declaraciones a Europa Press, Vives ha puesto de manifiesto el "grave daño" que está sufriendo la imagen pública del marido de la Infanta Cristina a consecuencia de las informaciones publicadas sobre su gestión de Instituto Nóos, que presidía. El letrado ha criticado la "imposibilidad" de defensa de Urdangarín , que aún no ha sido imputado por la comisión de delito alguno, ante estas noticias. "Aquí lo que ha sucedido es un juicio popular, sin posibilidad hasta la fecha de defendernos. No tengo ni idea si será imputado", ha asegurado.

Fuentes jurídicas relacionadas con el caso sí que dan por hecho, sin embargo, que ante el gran número de pruebas encontradas y la importancia de las mismas, Urdangarín será imputado en cuestión de pocas semanas.

Pruebas suficientes

La Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción contarían ya con pruebas suficientes para inculpar al yerno del Rey de un presunto fraude fiscal. En el curso de las diligencias e inspecciones realizadas se han detectado, además de una estructura fiduciaria para facilitar el desvío de capitales, facturas falsas y contratos amañados, especialmente en Baleares y la Comunidad Valenciana, pero también con otras muchas administraciones y empresas privadas.

Salvo que aparecieran nuevas pruebas incriminatorias, la Fiscalía Anticorrupción ha descartado no obstante la citación como testigo, y mucho menos como imputada, de la Infanta Cristina.

La hija del Rey mujer del duque de Palma estaba en tres sociedades involucradas en el caso, pero no participó en ninguna de las decisiones adoptadas.