Los 2.500 euros del 'cheque bebé' serán sólo para nacidos o adoptados desde el 3 de julio

El Gobierno ya ha remitido el proyecto de ley al Parlamento y ha solicitado su tramitación con carácter de urgencia, con el fin de que la norma pueda estar en vigor en noviembre y las primeras ayudas cobrarse en diciembre, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta primera y ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega.

Novedades

Entre las novedades anunciadas por la vicepresidenta, la exigencia a los no españoles de acreditar dos años de residencia legal en España para poder percibir esta prestación.

La ayuda se podrá solicitar desde el lunes en las oficinas de la Agencia Tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el impreso de solicitud se puede descargar desde las páginas web de ambos organismos (www.meh.es y www.seg-social.es). Además, se habilitan dos teléfonos para las peticiones.

Para los hijos nacidos antes de que la ley sea aprobada definitivamente por el Parlamento, la ayuda se percibirá en el mes siguiente a su entrada en vigor; y en el caso de los nacimientos posteriores, en el mes siguiente al parto o la adopción.

El proyecto aprobado hoy y elaborado por el Ministerio de Trabajo contempla el pago de una ayuda social de 2.500 euros a los residentes legales en España que hayan tenido un hijo o lo hayan adoptado con posterioridad al pasado 3 de julio, día en que Zapatero anunció la medida.

La prestación se percibirá de una sola vez y en el transcurso del mes siguiente al nacimiento, ya sea en forma de cheque, transferencia bancaria o de deducción en el Impuesto sobre la Renta (IRPF).

Posibles modificaciones

En cuanto a la posibilidad de que la prestación se extienda también a los nacimientos que se hayan producido desde el 1 de julio, mediante enmiendas en el Congreso, la vicepresidenta ha respondido: "no seré yo quién diga que un proyecto de ley no puede ser modificado en el Parlamento".

"El Parlamento es soberano", ha indicado la "número dos" del Ejecutivo. "El Gobierno tiene la primera palabra, la última palabra la tiene el Parlamento". "Seremos respetuosos, se hablará con los grupos" con el fin de "buscar el consenso" y "el máximo apoyo posible". "Una vez la ley sale del Gobierno, son las reglas del Parlamento las que mandan", apostilló.

Coste de 1.200 millones

Tal y como está pensada ahora la ayuda (es decir, haciéndose efectiva el 3 de julio), su coste para las arcas públicas ascenderá a unos 1.200 millones de euros.