La CNE propone que las eléctricas puedan pedir avales a los clientes morosos
La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha propuesto modificar la normativa de la comercialización de electricidad para que las compañías puedan exigir avales a los clientes con un "alto riesgo comercial de morosidad", es decir, con deudas pendientes o posibilidad de impago.
En un informe publicado hoy, el regulador planteó esta medida como solución al problema de los hogares y pequeños negocios con deudas que no pueden acceder al mercado libre de electricidad porque las empresas comercializadoras se niegan a firmar contratos de suministro con clientes potencialmente morosos.
La exigencia de avales no afectaría en ningún caso a la administración pública porque, según la CNE, ya que cuenta con las suficientes garantías de pago mediante los intereses de demora, la suspensión de cumplimiento de contrato y el derecho a resarcimiento de perjuicios.
El 1 de julio de 2009 desapareció la tarifa eléctrica integral, de manera que todos los consumidores tenían que firmar contratos de suministro con las eléctricas a precios de mercado.
Como medida transitoria, la normativa habilitó una tarifa de último recurso (TUR), fijada por el Gobierno, para los consumidores finales conectados en baja tensión con potencia contratada de hasta 10 kilovatios (kW).
Sin embargo, algunos abonados sin derecho a la TUR no firmaron contratos de suministro en el mercado libre cuando cambió la normativa, sino que pasaron a alguna de las cinco comercializadoras de último recurso (CUR), que cobraban un pequeño recargo como medida disuasoria.
Este recargo ha aumentado con el tiempo y ya supone un 20% adicional a la TUR pero, a pesar de ello, el pasado junio todavía había 205.506 abonados sin derecho a la tarifa regulada que no habían pasado al mercado libre.
Estos consumidores se dividen en tres grupos, cada uno con su propia problemática: sector público, por las dificultades administrativas de sus contratos; clientes morosos, que son rechazados por las eléctricas; y abonados mal informados, que desconocen su situación.
Como solución para cada uno de estos grupos, la CNE propuso en su informe facilitar los trámites administrativos para el suministro al sector público, permitir la exigencia de avales a clientes con riesgo de impago y reforzar la información con ofertas de las eléctricas a los abonados que desconocen su situación.
Además de estas sugerencias concretas, la CNE señaló en el estudio la "necesidad de una reestructuración y actualización de toda la normativa vigente, dispersa actualmente en una gran variedad de leyes, decretos, órdenes ministeriales y resoluciones".
El periodo transitorio en el que los abonados sin derecho a tarifa regulada pueden permanecer en la CUR termina el 31 de diciembre de este año, de manera que a partir esa fecha las compañías comercializadoras podrán suspender el suministro de los clientes que no hayan firmado contratos en el mercado libre.