El Gobierno destina 400 millones al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
El Consejo de Ministros autorizó hoy un suplemento de crédito por importe de 400 millones de euros en el presupuesto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para atender el pago a los trabajadores de las prestaciones acordadas.
Esta autorización para ampliar el presupuesto de prestaciones del Fogasa desde los 900 millones a los 1.300 millones permitirá hacer frente al incremento de solicitudes recibidas a lo largo de 2010 y se financiará con el remanente que el organismo tiene depositado en deuda pública en el Banco de España.
El Fogasa es el organismo encargado de abonar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o haber sido declaradas en situación de concurso.
Ley de Economía Social
El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley de Economía Social, que será enviado al Congreso de los Diputados con el objetivo de convertirse en una norma que unifique el marco jurídico de este sector, integrado por cooperativas, mutualidades de previsión social, sociedades laborales o empresas de inserción, entre otras.
Según ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la norma "reconoce y mejora la visibilidad de este sector", que es responsable del 3% del PIB y emplea a 1,3 millones de personas.
Proyecto de Ley del Arbitraje
El Gobierno también aprobó hoy el proyecto de Ley de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración del Estado con el objetivo de reducir el tiempo de resolucción de conflictos y la carga de trabajo de los tribunales mercantiles y civiles.
De la Vega dijo que con esta reforma se pretende "aumentar la competitividad" y trasladar a la legislación "la confianza que tiene el sector empresarial y la sociedad en su conjunto" en este método de resolución de conflictos.
La reforma de la Ley de Arbitraje, aprobada en 2003, se acompaña de un proyecto de Ley Orgánica complementaria por la que se modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1995, en lo que se refiere a las funciones de apoyo al arbitraje de los tribunales.