El PP solicita la fiscalización de las cuentas de la Presidencia
El PP formalizó ayer su petición de información sobre el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea y sobre cómo se han distribuido los 87 millones de euros que el Ejecutivo ha dispuesto a este respecto.
De esta manera, los populares registraban ayer su solicitud para que el Congreso inste al Tribunal de Cuentas "a realizar un informe de fiscalización relativo a los gastos que pudieran derivarse de la Presidencia de la Unión Europea, que por turno le corresponde a España durante el primer semestre del ejercicio 2010".
En concreto, estos gastos se dividen entre los 52 millones del Ministerio de la Presidencia; los 19 millones, del Ministerio del Interior; y los 16 millones, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
En su exposición de motivos, el grupo parlamentario Popular considera que, en la medida en que la propia Unión Europea está preocupada por la gestión y control de los fondos europeos gestionados por los Estados miembros, "sería positivo para la imagen de España y de su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos financieros públicos y de control del gasto, que se sometieran a la fiscalización del Tribunal de Cuentas" los gastos del semestre europeo.
Procedimientos poco claros
Esta petición de los populares se produce días después de que elEconomista denunciara que más del 90 por ciento de los contratos suscritos por el Ministerio que dirige María Teresa Fernández de la Vega, con motivo de la Presidencia de turno del Consejo, se había adjudicado a dedo, es decir, siguiendo un procedimiento negociado sin publicidad y una tramitación de urgencia. Y es que no fue hasta el pasado mes de diciembre cuando el Ministerio de la Presidencia inició la mayoría de los expedientes de contratación (por obra servicio o suministro) para cubrir las necesidades del semestre.
Según recuerda el texto remitido por los populares a la Cámara Baja, el artículo 45 de la Ley Orgánica 21/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, establece que la iniciativa para impulsar los procedimientos para el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal corresponde, entre otros, a las Cortes Generales. Y que, dado que "nos encontramos en un periodo de desfase entre ingresos y gastos", y dado también el abultado déficit público, es necesario la "fiscalización de un gasto extraordinario como es el derivado de la Presidencia española de la Unión Europea".
Así las cosas, y cuando restan menos de cuatro meses para que finalice la presidencia europea, el Tribunal de Cuentas, deberá realizar, a la mayor brevedad posible, su informe. No obstante, a día de hoy, todavía restan por adjudicar numerosos contratos.