"Hay que arreglar los problemas financieros antes que la Ley de Cajas"
Nos recibe Mariano Rajoy en su despacho de la sede nacional. Hay un orden casi marcial, los pocos papeles están casi perfectamente controlados. La entrevista se produce unas horas después de que el Partido Popular haya presentado una amplia moción en el Congreso que lleva el jovellanesco título de "Reformas que va a adoptar el Ejecutivo para salir de la crisis económica".
¿Cuál es el hilo conductor de esa moción programática?
La moción se basa en un diagnóstico. Lo urgente es atajar el problema del paro. Y, en este sentido, es necesario resolver el resto de problemas. Por ejemplo, el del crédito que tienen actualmente los empresarios, sin ellos y sin crédito no hay inversión.
También hay que resolver la falta de pagos por parte de las administraciones, no subir impuestos y dar un mensaje de confianza a los empresarios. Por supuesto, tenemos que mejorar la competitividad de la economía española. Para nosotros, en la política presupuestaria-fiscal, tenemos que tener un plan para reducir los niveles de gasto y deuda pública; la pronta reestructuración de nuestro sistema financiero para que vuelva el crédito y, en tercer lugar, una reforma del mercado laboral. Para mí, esas son las tres cosas principales. Luego, además, si queremos hablar de competitividad, tenemos que hablar de educación, energía, reforma de la administración de Justicia, unidad de mercado, economía productiva y reforma fiscal.
Plantean un recorte de 10.000 millones de euros en el gasto. ¿Dónde piensan meter la tijera?
Tal y como está distribuido hoy el gasto público en España, entre Estado, comunidades autónomas y administración local, lo que hay que hacer es un gran acuerdo nacional que, en sí mismo, dé confianza, y hay que fijar con carácter plurianual, a la vista de los ingresos que tiene el Estado, cuáles son las prioridades de gasto y dónde se puede recortar.
Hay que mantener los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, pensiones, ayuda a la economía productiva) pero, a partir de ahí, hay que llegar a un gran acuerdo para hacer recortes. Tenemos que terminar con decisiones unilaterales, como el Plan E, que eran 11.000 millones de euros o el nuevo Plan E, de 5.000 millones. Estamos hablando de cantidades estratosféricas. Nosotros proponemos un plan que afecte a todas las instituciones; un plan que deberíamos iniciar los dos grandes partidos nacionales y luego dar entrada en él a las administraciones territoriales y a los agentes sociales.
Ustedes apoyaron el FROB. La semana pasada, Zapatero ofreció una reforma de la ley de cajas porque parece que hay problemas legales. ¿Usted cree que hay que cambiar el FROB y reformar la Ley de Cajas?
Lo peor que le puede ocurrir a un país es que haya problemas graves en su sistema financiero. Si no hay un sistema financiero que otorgue créditos, no hay inversión y, si no hay inversión, no hay riqueza, no hay bienestar, no hay empleo y entramos en una dinámica muy peligrosa. Para evitarlo, lo importante es que las entidades tengan solvencia y vuelvan a conceder créditos. Para ello, es importante el FROB.
Todo lo que se ha hecho en el FROB había que ponerlo en marcha de forma urgente. Sin embargo, pese a la urgencia, el Gobierno ha perdido lamentablemente el tiempo. Luego hay un segundo asunto que es el tema de la naturaleza jurídica de las cajas y la Ley de Cajas. No hace mucho tiempo, la voluntad de una parte del Gobierno era hacer una Ley de Cajas y abordar la naturaleza jurídica de las mismas; incluso al PP se le llegó a remitir un proyecto de Ley de Cajas y nosotros estábamos dispuestos a hablar de ello.
Luego, el Gobierno decidió de que no había que hacer ninguna modificación en la Ley de Cajas. La semana pasada, el señor Zapatero ha vuelto a decir que no sería malo hablar de una Ley de Cajas. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es fijar un criterio.
¿Es necesario reformar la LORCA antes de abordar estas cosas?
No, yo creo que lo urgente es resolver los problemas, terminar con las dudas y reestablecer el crédito. Y luego, o en paralelo, la reforma. Pero lo importante es, para entendernos, no tener más cajas Castilla-La Mancha. En el caso de Castilla-La Mancha, podemos hacer una ley que fije el marco de manera previa o ir avanzando en la dirección correcta sin esperara redactar esa ley.
Soy partidario de coger el toro por los cuernos. Vamos a tener este debate, porque las cajas no pueden ir al mercado y eso dificulta su intervención. En el caso de Caja Castilla-La Mancha, es evidente que hay un cambio de naturaleza jurídica, porque hay un banco que se quiere hacer con el 75% de esa caja y, además, el 25% restante queda en manos de una caja, que ya no es caja, que es la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, que además es la titular de las participaciones industriales. Ahí hay un cambio de naturaleza jurídica y, por eso, lo importante es tener un debate sobre esa naturaleza.
Núñez Feijóo vetará operaciones de cajas gallegas con no gallegas. ¿Comparte esta posición?
No entro en casos concretos. Mi posición en todos los casos tiene como eje principal la solvencia. Esa ha de ser la prioridad de toda la reestructuración; primero la solvencia y luego la competencia; pero también entiendo que el criterio de territorialidad tiene un valor que no podemos desdeñar. Parte del atractivo que tradicionalmente han tenido las cajas radica en su cercanía y su sensibilidad hacia el territorio donde operan. Eso no es malo si no está reñido con la solvencia.
En este asunto, no se puede ir con posiciones dogmáticas y cerradas, sino que hay que intentar propiciar el acuerdo. Hay cosas de las que es necesario hablar. Primero, la intermediación. Yo creo que es importante que la colaboración privada pueda utilizarse. No veo ninguna razón para no hacerlo y creo que sería muy eficaz. Luego está la formación, que requiere mayores controles y que todos tengamos la convicción de que los cursos son útiles. Más control y certificados de conocimientos. También en la negociación colectiva tiene que haber cambios, tiene que ser más amplia que los puros temas salariales. La negociación colectiva debe ser más flexible.
Y, además, está la dualidad de los contratos. Más del 30% de los trabajadores son despedidos, con indemnización cero. Son los contratos temporales, claro. Y a lo que conduce la regulación actual (donde hay gente que tiene una indemnización de 8 días por año u otros de 45, otros de 20 o los de 33) es que haya mucha gente que tiene la tentación de contratar temporales. De ésto es de lo que hay que hablar.Yo no tengo posiciones preconcebidas y, además, hay muchas fórmulas, por ejemplo, se puede establecer un nuevo tipo de contrato. Pero lo importante es que haya un contrato indefinido, que sea bueno para los trabajadores y que no haya para los empresarios un contrato tan caro. Hablar de esto es razonable.
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