El Tribunal de Cuentas pide fiscalizar las fundaciones de los partidos políticos

La alarma social suscitada por la sucesión de casos de corrupción a nivel autonómico y municipal han convertido al Tribunal de Cuentas y a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos en el eje de las reformas que están negociando los partidos políticos mayoritarios, con el objeto de reforzar la transparencia de las cuentas de las formaciones políticas y la capacidad de su fiscalización.

Unas reformas que el propio Tribunal de Cuentas ya apuntó hace dos años, en una moción elaborada con motivo de la modificación de la normativa de financiación de los partidos y en las que el actual presidente, Manuel Núñez, ha vuelto a insistir ahora durante su última comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, con objeto de reforzar el sometimiento de los partidos "a los principios de regularidad y transparencia".

Estados financieros consolidados

En esta moción el Tribunal estima que, en consonancia con la concepción de los partidos políticos como una única realidad económica y financiera, éstos "deberían presentar estados financieros consolidados de toda su organización territorial e institucional y, en su caso, de las fundaciones pertenecientes a su entorno político y de las sociedades en cuyo capital social participen mayoritariamente".

Aspectos ambos que los expertos en auditorías de cuentas consideran como uno de los principales mecanismos de opacidad contable y de financiación irregular, puesto que habitualmente los informes que los partidos políticos remiten al Tribunal de Cuentas recogen sólo los estados de cuentas del partido como entidad sin descender al detalle de los ingresos y gastos de cada agrupación local.

A este respecto y en relación con la financiación privada a los partidos, el Tribunal de Cuentas propone dotar "de una regulación más precisa a las aportaciones no dinerarias que, en muy diferenciadas formas, pudieran efectuarse a las formaciones políticas y contemplar las relaciones que, en el área de la financiación, pudieran mantener con fundaciones y otras entidades afines".

Aborda también el Tribunal las condonaciones de deuda convenidas con entidades de crédito, respecto a operaciones de endeudamiento previamente concertadas y con proveedores por prestación de servicios. Condonaciones que se ha observado registradas en las contabilidades anuales de distintas formaciones políticas y respecto a la que plantea que se desarrolle "una regulación expresa que contemple su autorización o prohibición, y establezca el régimen al que, en su caso, deberían someterse".

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