Vivienda echa balones fuera en la polémica sobre los pisos desocupados
El Ministerio de Economía dejó claro ayer su rechazo a la aplicación de medidas fiscales o confiscatorias, como las planteadas por Cataluña y el País Vasco, contra los propietarios de viviendas vacías con el fin de obligarles a alquilarlas.
Pero el de Vivienda ha optado por no mojarse y echar balones fuera: "Es competencia de las comunidades autonómas y Hacienda", responden desde el Departamento de María Antonia Trujillo siempre que se pregunta sobre el espinoso asunto, después de que la ministra se mostrora comprensiva con los okupas.
"El movimiento okupa es un forma de vida alternativa, por cierto, muy extendida, sobre todo en Europa, dijo Trujillo hace un mes.
Posibilidad de expropiar pisos vacíos
De hecho, a fin de no pillarse los dedos con el Tribunal Constitucional, Vivienda, aunque en principio se lo planteó, descartó introducir en la futura Ley del Suelo -en trámite parlamentario- las posibilidad de expropiar pisos vacíos -como recoge un proyecto de ley aprobado por la Generalitat catalana-, así como medidas fiscales sancionadoras para garantizar la función social de la vivienda y movilizar casi tres millones de inmuebles desocupados.
No obstante, el anterior Gobierno de Aznar ya dio en 2002 a los ayuntamientos la posibilidad de establecer un recargo de hasta el 50 por ciento en el IBI a los pisos vacíos. Ya son 184 municipios, incluidos Sevilla y Barcelona, los que quieren cobrarlo, pero aún no pueden. El motivo es que el Ejecutivo aún no ha desarrollado el reglamento que debe definir qué se puede considerar como "vivienda deshabitada" a efectos de gravarla con un incremento del IBI.
Cataluña y el País Vasco
Ante el bloqueo del reglamento, los gobiernos autonómicos de Cataluña y País Vasco estudian la aplicación de un canon de nueve euros diarios a las viviendas desocupadas.
Sin embargo, frente al silencio de Vivienda, Economía fijó la posición oficial del Ejecutivo por boca del vicepresidente segundo, Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.
Desde Valencia, Solbes dijo que "sería muy cauto" antes de aplicar medidas que graven los pisos vacíos porque plantean "bastantes problemas" jurídicos y tienen un resultado económico "relativamente reducido", informa EP.
Más meridiano fue Ocaña, quien aseguró que el Ejecutivo "no está pensando" fijar "impuestos confiscatorios" a las viviendas deshabitadas, informa Efe. También recomendó actuar con "cierta mesura" a la hora de aplicarlas, porque plantean dos problemas: atentan contra la propiedad privada y no es "en absoluto fácil" determinar cuándo un piso está desocupado.
Rechazo general
Hasta el PP reniega ahora de una idea que lanzó cuando gobernaba, por considerarla "un disparate" que atenta contra la propiedad privada. Creen que, para fomentar el alquiler, es clave garantizar la seguridad de los arrendadores y agilizar los procesos judiciales por deshaucio y conflictos con los inquilinos.
De igual forma piensan el presidente de la patronal de las agencias inmobiliarias (AEGI), José Antonio Ugarte, y el del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, Jaime Cabrero, quien tacha la iniciativa de intervencionista y confiscatoria: "Si en España se alquilan pocos pisos no es porque los propietarios quieran especular es porque no se sienten seguros con las leyes.
Un inquilino puede estar perfectamente sin pagar un alquiler un año y medio antes de ser desalojado. Si se diera más seguridad a los arrendadores habría más pisos para alquilar en el mercado".
Los cánones sobre pisos vacíos también plantean un serio problema jurídico por la indefinición del concepto. Según los expertos, cualquier canon o gravamen en este sentido provocará un aumento de la conflictividad entre los propietarios y la Administración.