La Ley de Justicia Gratuita del PP desata el malestar de los abogados

Inadmisible, perjudicial o insostenible son sólo algunos de los adjetivos que desde el mundo de la Abogacía han regalado a la Ley de Justicia Gratuita que baraja el Gobierno y que aún se encuentra en fase de proyecto, tramitándose en el Congreso.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Consejo General de la Abogacía Española (Cgae), con el objetivo de mostrar su absoluto rechazo a una norma que "vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos", el vicepresidente 2º del Cgae y decano de Barcelona, Oriol Rusca, censuró que se trata de otra norma más que "se hace pensando en la economía y no en las personas". En su opinión, los políticos se tienen que dar cuenta de que el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita son "un servicio de Estado que no pueden estar sujetos a las crudas leyes de mercado" porque "los derechos y libertades de los ciudadanos no son una mercancía".

En este sentido, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Javier Lara, criticó que el proyecto habla de subvención, susceptible, por tanto, "de que sea el Gobierno quien otorgue o revoque el presupuesto". Se trata, defendió, "de un servicio público y un derecho fundamental que debe financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no a la Ley de Tasas o a la Ley de subvenciones".

De hecho, el texto aprobado por el Gobierno sigue vinculando las tasas judiciales a la Justicia Gratuita. Y lamenta la Abogacía que estas tasas "han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con una reducción de los asuntos judiciales que llega hasta el 40 por ciento en la jurisdicción contencioso-administrativa". Además, sostienen que "es un hecho notorio que lo recaudado no se ha destinado al servicio de Justicia Gratuita".

"Sospecha infundada" contra los ciudadanos

Otro de los puntos más criticados del proyecto es, en palabras de la vicepresidenta 1ª de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, que la Ley "parte de una sospecha hacia los ciudadanos de engaño y abuso que supone un obstáculo para el acceso a la Justicia". En concreto, la norma establece una sospecha hacia los ciudadanos que soliciten tres veces en un año el beneficio de la Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, que serán investigados específicamente.

A este respecto, Oriol Rusca aseguró que esta presunción de fraude es "absolutamente inadmisible". En su opinión, debería ser la Administración la que demuestre que verdaderamente ha existido un abuso caso por caso.

Situaciones discriminatorias entre personas y colectivos

Por otro lado, Rusca aseguró que "la Ley adopta posturas demagógicas" porque coge una serie de colectivos en base a su "especial vulnerabilidad" y les favorece con la Asistencia Jurídica Gratuita que, añadió, "sólo tiene que depender de la capacidad económica de las personas que requieren asistencia letrada".

En la misma línea, para Lara, el legislador amplía "de una manera incomprensible" la Asistencia Jurídica Gratuita a una serie de colectivos con independencia de si tiene o no recursos, "en detrimento de otros colectivos que sí necesitarían este beneficio". Así, puso de ejemplo el caso de los trabajadores o de los procesos contencioso-administrativos en los que, previamente, hay que agotar la vía administrativa que no está cubierta, en ningún caso, por la Asistencia Jurídica Gratuita.

Por todo, desde la Abogacía sostienen que este reconocimiento "puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y abocar a graves situaciones de viabilidad económica del Servicio de Justicia Gratuita".

Un control excesivo del letrado del Turno

También censuraron la obligación que plantea el proyecto de que los abogados tengan que informar a la Administración sobre, entre otras cuestiones, el número de sentencias favorables y desfavorables que han obtenido. Algo que para Lara es un "absoluto ataque" a la libertad e independencia del colectivo. Y es que, el incumplimiento de estas obligaciones informativas conlleva la imposición de "sanciones desproporcionadas" en opinión de la Abogacía.

Del mismo modo, la posibilidad de sancionar disciplinariamente al abogado que no planteó la insostenibilidad es, a su juicio, "un ataque frontal a la libertad e independencia de los letrados y, por tanto, al Estado de Derecho".

Adiós a la relación personal entre abogado y cliente

Otro de los puntos más criticados de la norma propuesta es la supresión de la obligación de residencia o establecimiento del abogado del Turno de Oficio en el lugar de asistencia del beneficiario que, aseguraron, "imposibilita la atención inmediata y cercana a los ciudadanos".

Para Lara, esta previsión tendrá "consecuencias gravísimas" y aseguró que ahora el servicio del turno de oficio es de "absoluta calidad" lo que se debe, en parte, a "esa inmediatez y relación personal entre el abogado y su cliente".

Además, la medida, en opinión de la Abogacía, "dificultará además enormemente el control deontológico de los colegios al tener que sancionar las conductas negligentes de letrados que no están adscritos a su demarcación territorial".

Unos honorarios de 2 euros la hora

Por otro lado, Lara explicó que si bien es una buena noticia que el servicio se siga organizando a través de los colegios de abogados, sin embargo, el proyecto impone más cargas a estas instituciones (como registro y archivo) que son, dijo, "absolutamente improcedentes" porque no se les dota de más presupuesto.

Lamentó, además, el presidente de la Comisión que el proyecto que plantea el Gobierno "sigue sin dar solución y garantía al cobro de honorarios de los abogados que trabajan en el turno". En este sentido, sostuvo que "la Administración tendría que asumir el coste si se diera cuenta de que se trata de un servicio público".Y explicó que desde 2003 no se actualiza el IPC de lo que cobran los abogados del Turno. Y es más, explicó el decano del colegio de Barcelona que en Cataluña, "una de las comunidades que más sensibilidad ha tenido respecto del Turno de Oficio", los abogados que prestan este servicio cobran 2 euros la hora. "Ni el chófer ni el personal de la limpieza de cualquier Ministerio cobra esto", apostilló.

De ahí que para la Abogacía, el proyecto "ni respeta ni dignifica el trabajo de estos letrados al no actualizar los baremos de retribución del servicio ni garantizar el cobro de las actuaciones o el pago puntual por las distintas Administraciones de Justicia".

Una Ley que vulnera el derecho de defensa

Por último, puso el acento Francisco Javier Lara en que el proyecto vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en cuanto a la previsión de un mecanismo de ratificación por el beneficiario de la Justicia Gratuita que "vulnera el derecho de defensa". Algo muy dificil en supuestos, ejemplificó, como un extranjero ya expulsado.

Otro de los puntos críticos del proyecto es, en su opinión, que el servicio de Orientación Jurídica deja de ser gratuito. De este modo, sólo en el caso de que finalmente se conceda a una persona la Asistencia Jurídica Gratuita se le devolverá lo abonado. La indeseable consecuencia de esta previsión será, en opinión del vicepresidente de la Abogacía, que "habrá ciudadanos que no tendrán dinero ni siquiera para ir a informarse sobre el servicio".