La fotovoltaica en los hogares europeos superará los 30 GW en 2030

En noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó un amplio paquete de medidas energéticas -'Clean Energy for all Europeans'-, para preservar la competitividad de la Unión Europea y tratar de recuperar el impulso a la descarbonización de la economía. Más información en la nueva edición de elEconomista Energía. Descarga gratuita.

Una de las propuestas presentada por Bruselas pone el foco en el consumidor, al objeto de reforzar sus actuales derechos con otros nuevos que le convierta en auténtico protagonista del mercado eléctrico y pueda participar activamente en el proceso de transición energética. Según la Comisión, "el aumento de la transparencia y la mejora de la legislación permitirá a la sociedad civil disponer de más oportunidades para participar activamente en el sistema energético y responder a las señales de precios".

Con la futura Directiva y Reglamento europeos sobre el mercado de la electricidad -actualmente a debate en el Consejo Europeo-, la Comisión pretende que todos los consumidores de la Unión Europea dispongan, en el futuro, de una mayor oferta de suministro; puedan acceder a unas herramientas de comparación de precios de la energía fiables; y tengan la posibilidad de producir, consumir, almacenar y vender su propia electricidad, pasando de ser consumidores de energía a convertirse en 'prosumidores' de energía.

El problema, según recoge un estudio elaborado por el consorcio belga GfK sobre la situación de los autoconsumidores fotovoltaicos residenciales a pequeña escala en la Unión Europea es que, a día de hoy, no existe una definición única del término 'prosumidor', -ni tampoco un marco regulatorio específico que regule a los prosumidores residenciales-, lo que ralentiza la decisión de los consumidores de producir la energía que necesitan.

Algunos Estados miembro han adoptado conceptos equivalentes, basándose en el consumo, el tamaño de la instalación o la capacidad de generación, para hacer más atractiva esta opción; de hecho, la mayoría han simplificado los procedimientos para favorecer el despliegue de instalaciones fotovoltaicas residenciales para autoconsumo, a pesar de que solo en algunos países se permite a los autoconsumidores beneficiarse económicamente del excedente no consumido e inyectado a la red, a diferencia de otros en los que esta opción no es posible.

Las diferencias entre los Estados miembro también residen en los incentivos financieros destinados a los autoconsumidores. Junto al balance neto, la mayoría de los países han establecido tarifas especiales o primas, pero no de manera armónica, que se complementan, en algunos casos, con reducciones en los impuestos, subvenciones de capital, préstamos y otras formas de apoyo a la inversión. En líneas generales, este tipo de incentivos han jugado un papel importante en el desarrollo del autoconsumo, especialmente en los mercados fotovoltaicos más maduros.

No obstante, el estudio refleja que el prosumidor residencial no solo se mueve por motivos económicos, sino que también existe un alto componente medioambiental, de preocupación por el entorno, que le lleva a tomar la decisión de optar por este tipo de soluciones, así como su deseo de ser autosuficiente energéticamente. Su interés también se centra en nuevas tecnologías como el almacenamiento que, sin embargo, están teniendo un desarrollo lento debido a la combinación de factores financieros y decisiones políticas a nivel nacional.

Duplicar la capacidad instalada

Desde que la tecnología solar fotovoltaica residencial se hiciera comercialmente viable a principios del 2000, sus costes han caído considerablemente, lo que ha conducido a un rápido despliegue de su capacidad instalada en la Unión Europea. La disminución de los costes, unido a las mejoras en el rendimiento de los productos gracias al avance de la innovación, facilita a los consumidores residenciales convertirse en sus propios proveedores y gerentes de una parte de sus necesidades energéticas y reducir, así, sus facturas de energía. Según el estudio de GfK, en 2016 había cerca de 17 gigavatios de potencia solar fotovoltaica instalada en los hogares europeos, una cifra que podría duplicarse hasta llegar a los 32 gigavatios de capacidad en 2030.

El mayor porcentaje de instalaciones fotovoltaicas en hogares de la UE a partir de 2030 en base a su potencial técnico -siempre y cuando la situación normativa se mantenga-, corresponde a Alemania (40%), Bélgica (29%), Grecia (27%), Países Bajos (26%) e Italia (23%). Por el contrario, los países con un potencial menor para el desarrollo de este tipo de instalaciones son Irlanda, España, Rumanía, Eslovenia, Finlandia, Islandia y Noruega debido, entre otras razones, a los bajos niveles de radiación solar (como en los casos de Irlanda y Finlandia) o a políticas menos favorables para el despliegue del autoconsumo como en España, por la existencia del conocido como 'Impuesto al Sol'.

Respecto a los periodos de retorno de la inversión realizada en este tipo de proyectos entre 2016 y 2030, varían considerablemente entre los Estados miembro, con altos períodos de reembolso en países con baja radiación solar como Islandia, Estonia y Letonia; altas tasas de interés como las de Hungría e Islandia; y precios bajos de electricidad como en Islandia, Hungría, Estonia e Irlanda. Los períodos más bajos para el retorno de la inversión se darán en Italia, Portugal y Alemania, donde gozan de unos precios de electricidad elevados, hay un alto índice de préstamos para solar y un fuerte apoyo político para el desarrollo de esta tecnología.

Por otro lado, el estudio demuestra que las futuras tarifas se verán afectadas por el incremento de nuevas tecnologías complementarias. El aumento del número de hogares con un vehículo eléctrico, conducirá a un aumento de entre el 5 y el 15 por ciento de la capacidad instalada en 2030, ya que las sinergias de tecnologías potenciales aumentarán el atractivo de la inversión solar fotovoltaica y podrían incrementar las cuotas de autoconsumo; por ejemplo, en aquellos casos donde los vehículos eléctricos son cargados en casa durante el día.

El estudio también señala que la retirada progresiva del apoyo existente a la solar fotovoltaica residencial en 2020, limitará el crecimiento de la capacidad instalada en todos los Estados miembro, lo que supondría la paralización de cualquier nueva inversión en este tipo de proyectos en el corto plazo. Sin embargo, la relajación de las medidas antidumping contra China y la reducción de los gastos Capex, aumentarían entre un 20 y un 30 por ciento la capacidad fotovoltaica instalada en 2030.