Soria quiere legalizar la nueva tarifa de la luz con la Ley del Consumidor

El Gobierno ha aprovechado la tramitación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para legalizar el nuevo precio de la luz que el ministerio de Industria pretende aprobar antes del mes de abril.

En concreto, el Grupo Popular en el Congreso ha incluido una disposición final en sus enmiendas para modificar la Ley del Sector Eléctrico. El objetivo es suprimir la referencia del precio a las subastas Cesur para pasar a "un mecanismo de mercado".

La mencionada disposición incide en que "el coste de producción debe determinarse exclusivamente con base en el precio medio previsto, lo que podría limitar la obtención de referencias de precio".

Y es que uno de los principales problemas que presenta el nuevo mecanismo es que, según las eléctricas, vulnera tanto la Ley del Sector Eléctrico como la del Consumidor, ya que ambas normativas contemplan que los usuarios deben ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios.

Con los cambios introducidos se pretende salvar este escollo y regularizar que los nuevos precios estén ligados al precio medio del mercado mayorista (pool). Las modificaciones sólo podían ser introducidas con una norma con rango de Ley y al Ejecutivo le urge esta tramitación para aprobar cuanto antes el real decreto sobre el mecanismo de revisión del precio doméstico de electricidad.

El Gobierno quiere aprobar en abril la normativa, aunque no se exigirá su puesta en marcha se ha retrasado hasta el 1 de junio.

Tras el paso por el Congreso, el texto se encuentra en el Senado en periodo de presentación de enmiendas. Fuentes del Partido Popular en la Cámara Alta avanzaron a elEconomista que no presentarán nuevas modificaciones, aunque el PSOE sí ha anunciado su intención de prorrogar el plaza para presentar sus consideraciones.

La tramitación en el Senado de la Ley del Consumidor puede extenderse como máximo hasta el 24 de abril. A continuación, se devolverá al Congreso de los Diputados y la normativa se podría votar en el Pleno del 24 de abril o del 8 de mayo. El resto de jueves están descartados porque no hay plenos por las festividades de Semana Santa y de San Isidro en Madrid.

Tarifa fija

La disposición también incluye la obligación a los comercializadores de referencia de realizar ofertas a precio fijo para un periodo determinado a los consumidores que aún están en el mercado regulado y que no quieren estar expuestos a la volatilidad del pool.

En este caso, se establece además la obligación del comercializador de formalizar los contratos con los consumidores que lo soliciten conforme a un modelo de contrato normalizado y para el plazo que se determine reglamentariamente.

Las modificaciones del PP también establecen las obligaciones de información previas a los contratos, sobre todo en lo que a periodos de permanencia se refiere.