Energía

Las eléctricas dejan de invertir en España por los recortes de casi 11.000 millones

    <i>Foto: Archivo</i>


    Las inversiones en el sector eléctrico español y ase redujeron un 8,9% durante el año 2012. Actualmente sobra potencia en el sistema eléctrico y se prepara un plan de hibernación.

    La inversión de las eléctricas en España ha quedado reducida a la mínima expresión. Los recortes aplicados por el Gobierno desde 2012 por casi 11.000 millones de euros han puesto en una situación crítica a estas empresas, que están a la espera de la formalización de todas las medidas para hacer nuevos ajustes y provisiones.

    El fuerte recorte aplicado a la distribución en el marco de la reforma energética por más de 1.000 millones de euros ha situado a esta actividad un 10 por ciento por debajo que la media europea. Además, en 2012 ya se aplicó un tijeretazo de más de 800 millones con los primeros recortes a la distribución y a los pagos por capacidad.

    Las eléctricas también van a sufrir mermas de ingresos adicionales por el golpe a las renovables, ya que son las propietarias de los parques eólicos más antiguos y se van a quedar sin primas.

    Tan sólo invertirán lo que se les obliga por Ley para el mantenimiento de las redes, con el objetivo de mantener el nivel de reposición del suministro (Tiepi) en los niveles actuales.

    Iberdrola ha recortado un 28 por ciento su presupuesto para en España en su nueva hoja de ruta para 2016 frente al Plan precedente, que por su parte ya recogió un recorte del 37 por ciento en el global de las inversiones. Dedicará a España unos 1.500 millones en el próximo trienio, lo que supone el 15 por ciento de los 9.600 millones que planea desembolsar en total.

    A pesar de que se ha reducido la apuesta por España, cabría preguntarse qué otra empresa industrial va a invertir más de 1.000 millones en España en tres años, teniendo en cuenta la situación actual.

    La compañía ha sido criticada porque su Plan Estratégico huye de la inversión en España, pero es lo más coherente teniendo en cuenta que sobra potencia instalada en el sistema eléctrico. Actualmente, tan sólo se usa la mitad de la potencia en horas puntas, así que el 50 por ciento del sistema está infrautilizado o pendiente de realizar la labor del sistema en los momentos en los que no responden las renovables por falta de horas de sol o de viento.

    Junto con Iberdrola, el resto de eléctricas también van a replegar su presupuesto para España. Gas Natural Fenosa ha anunciado que "la inversión internacional continuará creciendo, mientras que la nacional seguirá cayendo".

    Por su parte, Endesa dará a conocer sus resultados la semana que viene y comunicará una fuerte reducción de sus inversiones en España, tal como avanzó Enel (que tiene un 92 por ciento del capital) hace unos días cuando ofreció unas líneas de su hoja de ruta para los próximos años. El grupo italiano presentará oficialmente su Plan Estratégico el próximo 12 de marzo y abundará en la inestabilidad regulatoria en España.

    La compañía que preside Borja Prado no ha realizado todavía ningún ajuste, porque está inmersa en el despliegue de redes y contadores inteligentes, tal como ha hecho Enel en Italia. También es verdad que Endesa es quien se encarga del negocio eléctrico en las islas y cuenta con la mayor cuota de distribución, lo que le llevó a afrontar un volumen de inversión en redes de 840 millones en 2012.

    Por contra, Iberdrola y Gas Natural ya redujeron un 20 por ciento la inversión en redes el pasado año, debido a los recortes aplicados en marzo de 2012 para comenzar a corregir el déficit de tarifa.

    En conjunto, las inversiones en el sector eléctrico español pasaron de 3.639 millones en 2011 a 3.312 millones en 2012, lo que supone un descenso del 8,9 por ciento.

    Cabe destacar que la alemana E.ON podría vender su negocio de generación en España, debido a los recortes sufridos en los últimos años, tal como apuntan los rumores de mercado. Por su parte, ACS, FCC y Acciona también han puesto el cartel de se vende a sus activos verdes en los últimos años por la inestabilidad regulatoria.

    El malestar de estas compañías con el Gobierno se centra sobre todo en que, en lugar de haber afrontado una reforma estructural del sector para adecuar el sistema al actual mix energético, tan sólo se han impulsado medidas fiscales de carácter recaudatorio.

    Reducción de empleo

    Las principales compañías eléctricas y de renovables han impulsado planes de choque o de eficiencia para contrarrestar la magnitud de los recortes.

    A la caída de la inversión se unen las bajas de personal. En este sentido, Iberdrola ya redujo en 1.200 personas (400 personas en España) su plantilla desde 2012, a través de bajas incentivadas y prejubilaciones. Ahora, el grupo ha anunciado que reducirá en otras 1.000 personas su personal, a través de lo que ha denominado "bajas vegetativas", para alcanzar una plantilla de 27.000 personas en 2016.

    Por su parte, Gas Natural Fenosa comunicó el pasado año un ajuste de personal "no dramático" de unas 400 personas, mientras que Endesa tiene en marcha un plan de prejubilaciones para reducir su plantilla.

    Por último, Acciona ha ejecutado un Expediente de Regulación de Empleo y ha puesto en marcha desinversiones por valor de 500 milones y 1.000 millones de euros entre 2013 y 2014.

    Posibles provisiones en 2014

    El problema se presenta en lo que viene. El asunto no es baladí. Iberdrola y Gas Natural ya han presentado sus resultados de 2013 y estiman que este ejercicio tendrán que hacer frente a un impacto de 1.310 millones y 600 millones, respectivamente.

    Por su parte, Acciona se ve fuertemente penalizada por los recortes a las renovables y perderá las primas del 40 por ciento de sus parques. Según los analistas, la constructora que preside José Manuel Entrecanales tendrá que provisionar unos 1.800 millones por el recorte a los incentivos verdes.

    Debido a esos recortes en las renovables, Iberdrola ya ha provisionado 60 millones de euros en las cuentas de 2013.

    La generación pierde dinero

    Las eléctricas también lamentan que sus centrales de generación están en pérdidas, sobre todo las nucleares y los ciclos combinados. Los nuevos impuestos a la generación han hecho inviable la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, aunque el Gobierno aprobó ayer un real decreto para favorecer su reapertura, después de que las propietarias de la planta (Endesa e Iberdrola) rechazaran continuar con la explotación.

    Por su parte, los ciclos combinados de gas para generación eléctrica no consiguen recuperar sus costes fijos. De hecho, Iberdrola ha pedido al Ministerio de Industria autorización para cerrar un grupo del ciclo combinado de Arcos de la Frontera, pero tras un año de espera aún no ha obtenido respuesta.

    Precisamente, ahí está el quid de la cuestión. Las empresas reconocen que invirtieron en ciclos combinados por libre decisión empresarial. Ahora piden la misma libertad para cerrar. El Ministerio de Industria no quiere que haya apagones cuando las renovables no puedan responder como puede ocurrir en momentos de anticiclones.

    Pero las empresas consideran que si los ciclos deben mantenerse abiertos se debería ser compensados por ello. "No es sostenible mantener a largo plazo centrales abiertas que estén en pérdidas", dijo el p residente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, esta semana en Londres con motivo de la presentación de su Plan Estratégico hasta 2016.

    Para solucionar parte de este problema, el Gobierno prepara el desarrollo de un real decreto para hibernar entre 4.000 y 6.000 megavatios de ciclos combinados durante un año, pero las eléctricas consideran insuficiente tanto la cantidad a parar como el periodo.

    También lamentan que los pagos por capacidad (incentivos que reciben los ciclos por su labor de respaldo del sistema) son insuficientes tras haber sufrido un recorte del 10 por ciento en 2012. Además, la reforma energética cambia la base sobre la que se abonarán estos incentivos y fija un límite de horas de funcionamiento sobre la que se recibirán estos pagos. "Se trata de un incentivo a la no disponibilidad", dicen ahora las compañías para criticar los cambios aprobados el pasado mes de julio.