Exteriores respaldó el Castor ante Bruselas para que lograra financiarse
- El BEI otorgó 300 millones de financiación y se arriesga a perder 200 millones
El Ministro de Industria, José Manuel Soria, visitó ayer junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, el almacén de gas Castor.
La llamativa presencia del canciller español se produce por la profunda preocupación que se ha generado fuera de nuestras fronteras.
El Ministerio de Asuntos Exteriores respaldó el almacén Castor para que fuera el primer project bond de la Comisión Europea, un innovador sistema que ayudaba a lograr financiación a un mejor precio para invertir en infraestructuras.
Castor finalmente realizó la emisión de 1.400 millones en julio con la ayuda como coordinador global de Santander Global Banking y con la colaboración de Natixis, Bankia y BNP Paribas, algunas de las entidades que suelen operar con el propietario de esta instalación, ACS.
Tan llamativa resultó la presencia de Margallo que incluso el consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, ironizó al asegurar que deben empezar a pensar que esto de Cataluña está más fuera que dentro, aunque él quizás olvidó que la planta está en Castellón.
¿Quién pierde si se cierra el almacén?
El hecho, no obstante, es que la preocupación se ha incrementado porque de cerrarse el almacén, el Banco Europeo de Inversiones podría tener que afrontar unas garantías de 200 millones. La entidad aportó 300 millones en financiación directa para mejorar el rating de la instalación (ahora en perspectiva negativa por S&P y Fitch) junto a otros bancos internacionales.
Por otro lado, el titular del departamento de Industria destacó ayer que el Gobierno "sólo se guiará por los informes y criterios del Instituto Geológico Minero Español", que aún no se sabe cuando estarán listos. Preguntado sobre quién soportará el coste en caso de que se cesara la actividad de forma definitiva, el ministro incidió en que es una hipótesis que no se está contemplando "ahora mismo" porque están trabajando en determinar si la actividad del proyecto puede ser o no segura para las personas. "Es lo que importa al Estado y al conjunto de las Administraciones Públicas", dijo. No obstante, el ministro comenzó a rebajar las responsabilidades de la empresa promotora al asegurar que los mayores terremotos no tenían nada que ver con la inyección de gas, pero sí los pequeños.
La delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento para mantener informados a los alcaldes de los municipios afectados por los seísmos percibidos en municipios de Tarragona y Castellón.
El presidente de Escal, Recadero del Potro, dijo que "no toca" ahora hablar de una posible indemnización por parte del Estado. Los portavoces de IU, José Luis Centella, y de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Coscubiela, han denunciado el "chantaje" de Castor que "amenaza a los ciudadanos con que tendrán que pagar su cierre".