Comercio lamenta las expropiaciones: "no se puede pisotear la propiedad privada"
El secretario de Estado de Comercio , Jaime García Legaz, destacó ayer la elevada seguridad jurídica de España dentro del I Congreso sobre el arbitraje de inversión en Iberoamérica, organizado por la Cámara de Comercio de Madrid, y lamentó los problemas que han tenido algunas empresas españolas, cuando se cumple un año de la expropiación de YPF a Repsol o de TDE a Red Eléctrica.
García Legaz aseguró que "la propiedad privada no puede ser pisoteada" y recordó que España, pese a la crisis, ha destinado 7.000 millones de euros de inversión a Latinoamérica entre 2011 y 2012, lo que supone que el 27 por ciento de las inversiones de empresas españolas se sitúan en Iberoamérica, donde España es el segundo inversor mundial, sólo después de Estados Unidos.
Arbitraje fotovoltaico
Los inversores fotovoltaicos españoles, y próximamente las termosolares, se encuentran en un procedimiento de arbitraje contra el Gobierno español amparado en el contenido de la Carta de la Energía, uno de los mayores tratados internacionales ya que cuenta con 54 países miembros y se encamina a convertirse en una entidad para la "gobernanza energética mundial", tal y como se encargó de destacar, Ernesto Bonafé, del secretariado de la Carta de la Energía.
Amparándose en este tratado, el abogado Antonio Vázquez, de Allen & Overy -el despacho que representa a los inversores de renovables en este arbitraje- destacó la "oportunidad histórica en España de la Carta de la Energía". Para el representante de los inversores solares, "faltan mecanismos de defensa" y añadió que en "España hay lagunas para la protección de los inversores" ya que el derecho de propiedad privada se basa ahora en la confianza y la estabilidad de la normativa para poder financiar proyectos. Para el letrado de Allen & Overy hay un decalaje en las instituciones
Hermenegildo Altozando, abogado de Bird & Bird, destacó también la "inexistencia de régimen transitorio para adaptar nuevas conductas económicas".
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, apostó en la apertura del Congreso por un sistema de arbitraje que resuelva con agilidad las discrepancias en materia de inversiones como vía para impulsar la internacionalización de las pymes, especialmente en el continente latinoamericano. Mientras que las grandes empresas cuentan con medios para defenderse, las pymes, ha añadido, son "incapaces de sobrevivir a la inseguridad jurídica".
"Establecer un mecanismo ágil de arbitraje que resuelva los problemas pendientes, los diferendos entre empresas, el problema de la inseguridad jurídica y dé rápida satisfacción a un inversor que no puede esperar demasiado tiempo a obtener esta reparación me parece extraordinariamente importante", ha insistido.
A su juicio, es un asunto "esencial" en Iberoamérica, ya que casi el 50 por ciento de los casos que están en estos momentos pendientes de una resolución en materia de arbitraje tienen su origen en el continente latinoamericano, en concreto España tiene abiertos 16 casos.
Según los datos aportados por el ministro, el comercio entre España e Iberoamérica "no es excesivamente importante", ya que sólo el 6,1 por ciento de las exportaciones españolas se dirigen a ese continente y las importaciones se sitúan en cifras similares. El problema es que de las alrededor de 146.000 pymes existentes en España sólo en torno a 20.600 exportan de forma regular, "un porcentaje extraordinariamente bajo".