Necesitamos una nueva ley de electricidad

El sistema energético español no funciona. La Ley 54/1997 que regula el sector eléctrico se ha quedado obsoleta. Con el actual sistema asistimos a una manipulación del mercado mayorista de la electricidad, tal y como constata la Comisión Nacional de Competencia y la de Energía, y a una burbuja de primas para algunas renovables que haría que el recibo de la luz fuese un pesadilla mensual para millones de consumidores si se pagara el precio real.

La tarta eléctrica supone en estos momentos alrededor de 30.000 millones de euros. Si la situación sigue como hasta ahora, en los próximos dos años, este coste se habrá incrementado en otros 3.000 millones de euros, un 10 por ciento más, en gran parte por la burbuja que puede provocar la energía termosolar.

Esta situación no parece lógica teniendo en cuenta que el consumo de electricidad en España se redujo el pasado mes de octubre un 3,7 por ciento y acumula en lo que va de año un retroceso del 0,5 por ciento.

En cualquier industria, cuando el consumo decae no se apuesta por políticas expansivas, sino de consolidación y amortización de los activos existentes. En España, por contra, se quiere instalar cada año mayores cantidades de megavatios innecesarios que no podremos pagar y mermarán aún más nuestra competitividad. Por eso es preciso saber qué se va a instalar y cuánto cuesta. Se necesita una planificación realista para los próximos años.

¿Qué dicen los partidos?

Los programas electorales para el 20 de noviembre no aportan grandes soluciones a estas importantes cuestiones.

El Partido Socialista ha anunciado la creación de un canon para la energía hidráulica y la nuclear como su gran solución para detener los llamados beneficios caídos del cielo que reciben ambas tecnologías y apuesta por las renovables, aunque Sebastián trate de impedirlo con borradores de decretos fuera de lugar.

El programa electoral del PP, que se esperaba con mayor atención por sus grandes posibilidades de victoria electoral, tampoco vislumbra soluciones para resolver el déficit tarifario. La intención de los populares es armonizar los impuestos regionales que han ido creándose -se supone que lo harán al alza- y tratará de poner orden al reparto de las renovables en las autonomías.

Los populares apuestan por todas las tecnologías, incluida la nuclear de la que aseguran que gestionarán los permisos de los emplazamientos conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación redunde en un menor coste de la energía para los consumidores. Es decir, una apuesta clara por mantener esta tecnología, como modo de poder disponer luego de renovables.

Al mismo tiempo, el PP apuesta por crear un gran mercado de gas natural en España aprovechando las fortalezas que suponen las interconexiones gasistas con Argelia y las plantas de regasificación.

Con la propuesta popular, lo realmente difícil será casar los intereses de todos: gas, carbón, nuclear y renovables con los consumidores.

Al caer la demanda de electricidad no hay hueco para todas las tecnologías existentes y parece lógico que los costes tengan que bajar, pero ¿cómo hacerlo sin frenar el crecimiento de las renovables y sin poner en riesgo el suministro? Será necesario estudiarlo.

Input industrial

La electricidad es un input de los costes industriales y una fórmula para mejorar la competitividad.

El déficit tarifario es un lastre ya que los futuros recibos de la luz tendrán que pagar la 'fiesta verde', como la ha calificado el propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y los abusos en el mercado mayorista.

Los españoles no hemos cubierto los 22.000 millones de déficit tarifario y de hecho, cada día más, el porcentaje del coste de este déficit con sus respectivos intereses se va cargando a la factura haciéndola insostenible para el ciudadano y para las empresas.

La fiesta tiene que acabar. El nuevo Gobierno que surja de las urnas el próximo 20 de noviembre tendrá que coger el toro por los cuernos y acometer una profunda reforma del sistema. Ni toda la culpa del déficit la tienen las renovables, ni las eléctricas son un ogro cobrador, la solución está en buscar un sistema energético adaptado al tamaño de la economía española, que se ha reducido notablemente por la crisis.

España necesita una nuevo sistema de fijación de precios de la energía y un mayor control de los costes. El presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, propuso una medida similar a la PAC con un presupuesto cerrado que se reparta entre los megavatios que se instalen. A esta propuesta, las críticas le han llovido con fuerza, ya que muchos recuerdan la cantidad de millones que Iberdrola recibió para desarrollar los parques eólicos. El nuevo responsable del Ministerio de Industria tendrá ante sí varios retos importantes, ya que tendrá que fijar la retribución de la eólica (sería un disparate que se aprobase el último proyecto de Sebastián) y la retribución de la termosolar a partir de 2013.

El sector de la energía verde está dispuesto a realizar importantes sacrificios, pero quieren mantener su vigor empresarial. Las patronales han presentado en las últimas dos semanas varios informes que cifran las aportaciones al PIB de las energías verdes con cantidades muy superiores a lo que reciben en primas. El sector necesita un profundo estudio. El profesor Ignacio Pérez Arriaga realizó un trabajo importante al principio de la primera legislatura socialista. En base a aquel documento se podría trabajar en una actualización que sirva para fijar un nuevo camino y una política energética clara. En muchos foros se sigue recordando los cuatro pilares que defendía José Folgado, en su época de secretario de Estado, es hora de clarificarlo con una nueva Ley.