Los butaneros denunciarán a Repsol tras congelarles las comisiones

Los repartidores de butano están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender la situación de su sector, en un momento donde no pueden ajustar más sus márgenes y Repsol les ha anunciado una congelación de sus comisiones por tener unas pérdidas de 120 millones en 2010 en esta actividad. Por ello, han decidido levantarse en armas y denunciar a la petrolera por "arrinconar" este negocio, del que dependen 10 millones de consumidores en España.

El presidente de la principal asociación de empresas de reparto de butano, FED GLP, Andrés Alfaro, explicó a elEconomista que el pasado miércoles se convocó un comité de crisis para analizar la carta que Repsol envió a sus asociados, tal para anunciarles la decisión de no aumentar sus comisiones, tal y como tenían pactado por contrato.

Ante esta misiva, que fue adelantada por este diario, la patronal de distribuidores se ha puesto ya en contacto con los servicios jurídicos de la Federación para que interpongan una denuncia contra la petrolera ante lo que consideran "un incumplimiento de contrato".

La FED GLP-que agrupa a 200 de las 240 empresas que distribuyen bombonas de Repsol- cree inadmisible que los distribuidores tengan que ser los primeros en hacer frente a los problemas generados por una fórmula de los precios del butano que genera importantes pérdidas a todos los operadores del sector. Los distribuidores consideran que no se pueden ajustar más y aseguran que de la cuantía total de labombona los butaneros sólo se quedan con un euro y que el resto es destinado a los operadores, la comercialización, almacenaje y transporte.

Para dirimir esta situación, la federación de distribuidores de butano había solicitado al Ministerio de Industria que la bombona subiera 3 euros, con el fin de hacer frente al reparto de la tradicional botella, desde los 13,19 euros que cuesta en la actualidad.

Repsol informó en la última presentación de sus resultados que en 2010 este negocio había supuesto unas pérdidas de 119 millones, pero el agujero consideran que va mucho más allá.

Por este motivo, la Asociación Española de Operadores Petrolíferos -que agrupa a las compañías Repsol, Cepsa y BP- interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo en el que reclaman que la fórmula no sea tan dañina para sus cuentas. Según el cálculo de esta patronal, las maniobras del Ministerio de Industria para imponer los precios de la bombona de butano han provocado unas pérdidas históricas para el sector de 432 millones de euros.

Tanto las petroleras como los repartidores de bombonas esperan desde hace meses un informe que nunca acaba de llegar por parte de la Comisión Nacional de Energía sobre el sector. Esta institución "parece ya más preocupada por la renovación de los cargos que por dar tramitación a algunos expedientes", indican los butaneros .

En cualquier caso, el organismo que preside Maite Costa ya ha informado en dos ocasiones de la necesidad de que se actualice fehacientemente el coste del butano.

Reunión en el Ministerio

Ante esta situación, la Federación de Distribuidores de GLP ha decidido convocar una junta directiva para el próximo 9 de marzo en la que estudiarán la situación. Al día siguiente, tienen previsto reunirse con el director general de Energía, Antonio Hernández, para explicarles los problemas del sector.

La patronal recordará que esta actividad ha vivido una profunda reestructuración en los últimos dos años y ha pasado de 640 a 240 agencias. Repsol también ha ajustado su número de centros (de 21 factorías a 11 plantas), pero las ventas son cada vez menores.

Entre las reclamaciones que se plantearán en el Ministerio destaca que se actualice retraso a la hora de repercutir el coste de la materia prima, aunque la fórmula de coste se actualiza cada tres meses. El problema es que el Gobierno modificó en 2008 la metodología para calcular el precio con el fin de dirimir el impacto de las subidas excesivas en los precios de crudo.

Para más inri, el coste de comercialización sólo se revisa una vez una vez al año, donde se tienen en cuenta otros aspectos ajenos a la evolución del negocio del GLP (Gases Licuados de Petróleo).

"El sistema está basado en decisiones políticas en lugar de económicas", se quejan tanto del lado de los distribuidores como desde el lado de las petroleras. ¿El resultado? "La tradicional imagen del repartidor de butano puede ser cada vez algo más residual", advierten desde el sector.