La CNE arremete contra Industria por pagar más a las distribuidoras de gas
Si hay un tema que está enfrentando en los últimos meses al Ministerio de Industria y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) es lo que cobran las empresas que distribuyen gas.
El regulador ya había mandado previamente sendos avisos al departamento que dirige Miguel Sebastián sobre la inconveniencia de elevar estos pagos, pero en esta ocasión el organismo se ha mostrado rotundamente en contra de las últimas modificaciones decretadas, que se han saldado con una subida de la tarifa del gas de 3,9% para elevar esta retribución.
Y es que el Ministerio de Industria sorprendió el pasado mes de diciembre cuando anunció una subida importante en la parte regulada de la tarifa gasista (7,6%), que al final se ha traducido en un aumento del casi el 4 por ciento para el precio que paga el consumidor final a partir de este mes de enero.
La parte regulada de la luz supone tan sólo un 30% del total y está destinada a pagar algunas variables del sistema, como la distribución, el almacenamiento, el transporte y la regasificación. Pero lo curioso de esta orden de tarifas es que el aumento propuesto se destinará en su mayor parte a elevar la retribución a la distribución, donde Gas Natural es la principal beneficiada, por ser aún la empresa con mayor cuota de mercado.
De hecho, la compañía ingresará casi 1.000 millones de euros sólo por la actividad de distribución a través de diversos pagos a sus diferentes sociedades dedicadas a esta actividad.
Por su parte, Endesa e Iberdrola, entre otros grupos, también se llevarán una porción de esta actividad, aunque mucho más discreta que la gasista. En total, el sistema conjunto de estas empresas recibirá por esta actividad 1.483,4 millones de euros.
Los consumidores pagan
En su último consejo antes de la vacaciones de Navidad, la CNE aprobó un informe, al que ha tenido acceso elEconomista, donde lamenta que sean los consumidores los que sufran estos vaivenes de la regulación. El regulador recuerda que el pasado mes de julio se aprobó un incentivo para las plantas de regasificación, de forma que el ahorro de pérdidas supusiera un aumento en su retribución.
Para el organismo que preside Maite Costa, un incentivo como éste debería beneficiar tanto al titular de la planta como a los usuarios del sistema, de forma que si hay un ahorro de costes, no sólo por el posible desempeño del operador de las plantas, sino porque los porcentajes fuesen muy generosos, este ahorro debería repartirse entre el operador y los usuarios del sistema.
Por otro lado, la CNE recuerda la fuerte subida de la tarifa del gas que se aplicó el pasado mes de julio, donde la Tarifa de Último Recurso (TUR) para la mayoría de los usuarios subió un 8,1 por ciento, sin incluir el incremento del IVA aplicado ese mismo mes.
Con todo, el organismo propone cambiar la metodología y que se apruebe un régimen retributivo concreto, a efectos de cálculo de la retribución financiera del gas para gasoductos y regasificadoras y que sea ésta coherente con el concepto propio de retribución financiera. Asimismo, la CNE reitera la necesidad de elaborar una metodología que haga "explícitos los criterios de asignación de los costes a los peajes y cánones, de forma objetiva, transparente y no discriminatoria".
En el otro lado se encuentran las eléctricas, que consideran que estas subidas son necesarias para no incurrir en déficit -por insuficiencia para cubrir los costes reales-, al igual que ocurre en el sistema eléctrico, motivo que ha supuesto que Standard & Poor's haya situado en revisión negativa la calificación de Endesa e Iberdrola.
Por contra, Gas Natural Fenosa no ha sido castigado por el retraso en la colocación del déficit de tarifa ya que tiene una exposición menor, pero el alza de la retribución a la distribución de gas supone un balón de oxígeno para la compañía, en un momento donde está en discusión su conflicto con la argelina Sonatrach que le solicita 1.500 millones de euros por el alza de los precios del gas.