El juez homologa a Holaluz el plan de reestructuración de la deuda

Holaluz logra la homologación judicial a su plan de reestructuración de la deuda pactado con la banca. El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona ha notificado a la compañía el auto de fecha 2 de junio de 2025 por el que acuerda, según ha comunicado la comercializadora catalana este martes a BME Growth.

La empresa que preside Carlota PI solicitó la homologación judicial a fin de que se extendieran los efectos a aquellos acreedores financieros que no se adhirieron. El último en suscribirlo fue el titular de los pagarés MARF, aunque desde el principio recibió el apoyo mayoritario de las entidades financieras acreedoras. El acuerdo fue alcanzado a principios de marzo e incluye préstamos, instrumentos de circulante, pagarés MARF y avales.

Holaluz registró unas pérdidas de 31 millones de euros en 2024, lo que supone elevarlas en un 14% en comparación con el ejercicio precedente. A 31 de diciembre de 2024, el balance consolidado de la compañía presenta un fondo de maniobra negativo de 56,4 millones de euros, frente a los -44,3 millones de euros del ejercicio precedente, según refleja el informe remitido a BME Growth. Por su parte, el resultado de explotación consolidado es negativo por 26,3 millones de euros (33,6 millones de euros en 2023), viéndose principalmente afectado por las pérdidas del negocio de solar (filial Clidom Solar).

En el informe de auditoría, EY advierte "dudas sobre la gestión continuada del grupo". En concreto, hace referencia al resultado neto y a la situación del fondo de maniobra, aunque también subraya "como factores mitigantes" el desembolso previsto de un préstamo convertible por importe de 15,5 millones de euros -segunda fase de inversión de Icosium- y la propia homologación del plan de refinanciación. "Estas circunstancias indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento", apunta.

La deuda neta bajó desde los 65,4 millones de euros de 2023 a los 41,1 millones de euros el año pasado. Según la empresa, este descenso se explica por la cancelación de la línea de SEPA (cobros de recibos de clientes) financiada con varias entidades financieras (-11,1 millones de euros), líneas de crédito por valor de dos millones de euros para financiación de IVA no renovadas y la reducción del saldo pendiente de pagarés emitidos en el MARF al cierre del ejercicio por importe neto de 12,2 millones de euros. Entre los acreedores de Holaluz se encuentran CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Cajamar, Banca March, Unicaja, Ibercaja, Caixa d'Engiyers, Abanca, Arquia Banco y el Institut Català de Finances (ICF). El plan de refinanciación -hasta 2028- se articula sobre el pago íntegro de los créditos, al no contener quitas o rebajas respecto de los mismos.

Juicio el 25 de junio

El Juzgado de lo Social nº 21 de Barcelona, cuya titular es María Teresa Galiano, ha citado a Holaluz el 25 de junio con motivo de la demanda por conflicto colectivo interpuesta por el sindicato CGT contra la energética tras la eliminación del teletrabajo y otros beneficios sociales. La citación se producirá justamente un día antes de la junta general ordinaria de accionistas, en la que se prevé la reelección de Carlota Pi como presidenta ejecutiva por el plazo estatuario de seis años. El juicio tendría que haberse producido el 23 de abril, pero la compañía consiguió un aplazamiento al coincidir con la junta general extraordinaria en la que se aprobó la entrada de Icosium Investment en el capital. La empresa ha pedido al sindicato suspender el juicio a cambio de "mayor flexibilidad" para la plantilla. El sindicato ha trasladado ya su negativa a y ha invitado a Holaluz a ofrecer dicha flexibilidad sin condicionantes. Fuentes de la empresa no hacen comentarios.