Energía

La jueza cita a Holaluz por el fin del teletrabajo un día antes de la reelección de Carlota Pi

La presidenta ejecutiva y cofundadora de Holaluz, Carlota Pi. DAVID GARCÍA

Antonio Martos Villar
Barcelona,

El Juzgado de lo Social nº 21 de Barcelona, cuya titular es María Teresa Galiano, ha citado a Holaluz el 25 de junio con motivo de la demanda por conflicto colectivo interpuesta por el sindicato CGT contra la energética tras la eliminación del teletrabajo y otros beneficios sociales.

La citación se producirá justamente un día antes de la junta general ordinaria de accionistas, en la que se prevé la reelección de Carlota Pi como presidenta ejecutiva por el plazo estatuario de seis años. El juicio tendría que haberse producido el 23 de abril, pero la compañía consiguió un aplazamiento al coincidir con la junta general extraordinaria en la que se aprobó la entrada de Icosium Investment en el capital. Holaluz está maniobrando para volver a suspender el juicio y ha pedido a los sindicatos que sean ellos quienes pidan el aplazamiento ante la dificultad de conseguir otra nueva fecha por su propio intento, aseguran fuentes sindicales a elEconomista.es. Por su parte, fuentes de la empresa no hacen comentarios.

La demanda fue interpuesta por CGT contra la decisión de la empresa de revertir de forma unilateral el teletrabajo. El sindicato aseguró en su momento que una medida de este tipo debía darse a través de un acuerdo individual entre la empresa y la persona trabajadora. Holaluz envió una carta a sus trabajadores a finales del año pasado en que les anunciaba las nuevas condiciones y también les emplazaba a firmar su salida voluntaria con fecha tope el 31 de enero, aunque finalmente extendió el plazo hasta marzo. En total, salieron alrededor de unas 85 personas de la compañía, lo que supone el 37% de la plantilla.

Todos los empleados que decidieron extinguir su contrato de trabajo tenían el derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de nueve mensualidades, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Además, Holaluz avanzaba en la misiva la eliminación de los beneficios sociales con efecto 31 de diciembre de 2024. Estos eran el seguro médico de SegurCaixa Adeslas, el acuerdo de deporte corporativo (gimnasio), el servicio diario de fruta en la oficina, la actividad infantil de ocio para hijos de personas trabajadoras (denominada internamente como 'Casalet') y los cursos de idiomas.

Los otros fundadores también renovarán

Por otro lado, en la junta del 26 de junio también se propondrá la reelección de los otros dos fundadores, Ferran Nogué y Oriol Vila como consejeros, aunque con la condición de ejecutivo y dominical, respectivamente. Además de estos tres, forman parten del consejo Elena Gómez del Pozuelo y Edi Soler como independientes, y Lotfi Bellahcene y Enrique Palau como dominicales en representación de Icosium Investment.

En el orden del día también está la aprobación de las cuentas. La energética catalana registró unas pérdidas de 31 millones de euros en 2024, lo que supone elevarlas en un 14% en comparación con el ejercicio precedente. A 31 de diciembre de 2024, el balance consolidado de la compañía presentaba un fondo de maniobra negativo de 56,4 millones de euros, frente a los -44,3 millones de euros del ejercicio precedente.

Por su parte, el resultado de explotación consolidado es negativo por 26,3 millones de euros (33,6 millones de euros en 2023), viéndose principalmente afectado por las pérdidas del negocio de solar (filial Clidom Solar). Holaluz también está a la espera de la homologación judicial del plan de reestructuración de la deuda pactado con sus acreedores. El 16 de abril dijo que esperaba la resolución en los "próximos días".