El Gobierno pone en jaque la continuidad de las plantas de purines

La elevada producción de excedentes y los retos ambientales asociados, como la contaminación por nitratos, es uno de los principales retos a los que se enfrenta la gestión de purines de porcino en España. Las plantas de cogeneración habilitadas para tratar los excedentes han sido, en los últimos años, la mejor solución para dar salida a este problema.

Sin embargo, el rechazo del Gobierno a prorrogar la vida útil regulatoria de estas instalaciones, que actualmente tratan alrededor del 15% del excedente de purín que se genera en el país, ha levantado la voz de alarma por la falta de alternativas inmediatas ante la disminución gradual de la capacidad de tratamiento existente -especialmente en zonas tensionadas por una alta producción-, además del riesgo que supone para la rentabilidad y supervivencia de los ganaderos, sobre todo si tenemos en cuenta que las previsiones apuntan a un incremento en la producción de estos residuos (la cantidad de purines generados en España ha crecido anualmente un 23,7% desde 2010), derivado de ser el país con la mayor cabaña porcina de Europa.

De las 24 plantas de tratamiento de purines que hay a nivel nacional, que suman una capacidad total de 304 MW, dos ya han cumplido los 25 años de vida útil regulatoria y se encuentran paradas desde el 31 de diciembre de 2024. Hablamos de Voltregá (Barcelona) y Alcarrás (Lleida), de 15 MW de potencia cada una, que trataban conjuntamente unas 200.000 toneladas de deyecciones ganaderas al año procedentes de unas 190 granjas.

Ambas instalaciones han dejado de recibir las ayudas del Gobierno y eso las hace inviables económicamente para seguir con su actividad. Su paralización, ha provocado, por ejemplo, que los dueños de las explotaciones ganaderas tengan que transportar los purines en camión a distancias superiores a los cien kilómetros para trasladarlos a terrenos aptos para su aplicación.

Otras cuatro plantas llegarán a los 25 años en 2026: Altorricón (Huesca), Juneda (Lleida), Eresma (Valladolid) -cada una de 15 MW de capacidad-, y Fompedraza (Valladolid), de 4 MW. En 2030 alcanzarán esa edad el 65% de las plantas y en 2034 lo harán el cien por cien de las instalaciones.

La producción anual de purines superó los 68 millones de toneladas en 2023, de los que 6,9 millones de toneladas fueron excedentes; es decir, purines generados que no se pueden destinar a abono y cuyo tratamiento tiene un coste extra que puede ir desde los 2 €/m3 hasta los 15 €/m3. Para 2035, se prevé que la cantidad de purines que se generen anualmente roce los 80 millones de toneladas, de los que 7,9 millones serán excedentes, tal y como recoge un informe elaborado por PwC para la Asociación para el Desimpacto Ambiental de Purines (ADAP).

Las regiones españolas que presentan mayor producción son Aragón, Cataluña y Castilla y León, donde se concentra el 79% de las plantas de tratamiento de purines de España. Si la capacidad de tratamiento no se amplía, el incremento de producción, tal y como señala el documento, provocará un agravamiento del problema ambiental y social en los próximos diez años por la contaminación por nitratos de aguas y suelos, las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de malos olores.

Soluciones

Para frenar esta situación, desde la asociación proponen dos soluciones: una transitoria que pasa por extender la vida útil regulatoria actual de las plantas que cerraron en 2024 (las dos de Cataluña) o que van a cerrar en 2026, lo que evitaría dejar sin tratar unas 340.000 toneladas de purín al año, y otra que supondría la renovación del parque de instalaciones de tratamiento de purines mediante subastas de capacidad, optimizando el modelo retributivo actual de estas tecnologías para reducir costes al sistema: una planta de purines evita, de media, 33,4 €/MWh de costes al sector y al sistema, derivados del tratamiento de nitratos y las emisiones difusas evitadas.

Una de las opciones más viables para la extensión de vida de las plantas de cogeneración de purines es la incorporación de nuevas plantas de biometano anexas.

Con este modelo basado en la colaboración de ambas tecnologías, explica Josep Capdevila, presidente de ADAP, "permitiría obtener sinergias importantes con una reducción de costes de las plantas de purines y por tanto una reducción de la retribución a la operación. Se añadiría al tratamiento integral de los purines una valorización energética para la producción de biometano, favoreciendo la descarbonización de la industria". Sin embargo, aunque desde el sector apoyan el desarrollo del biometano como tecnología de valorización energética, consideran que estas plantas "no solucionan el problema de los nitratos de los purines", señala Capdevila. "Además, el retraso en las tramitaciones –añade- hace que los proyectos de biometano puedan ser una realidad entre cinco y siete años en desarrollarse".

Aunque el sector lleva desde 2018 hablando con el Ministerio para solucionar el problema de los purines, "sucesos como la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis energética han impedido que hayamos podido avanzar, de manera que la consecuencia es que hemos llegado a finales de 2024 con la parada de las dos primeras plantas", comenta Capdevila.

"A partir de aquí -afirma- lo que necesitamos es que desde el Ministerio nos permita una extensión de vida que se regule con unas subastas específicas, similares a la cogeneración, para el grupo de residuos, estableciendo además una moratoria para que las plantas que vayan alcanzando el final de su vida útil regulatoria y están paradas puedan arrancar y dar servicio al sector ganadero.

Veto a la Enmienda

En los últimos meses, los intentos que se han llevado a cabo para lograr extender la vida útil de las plantas han sido toda una hazaña.

El pasado 11 de diciembre, Esquerra Republicana per Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya presentaban en el Congreso de los Diputados -con el respaldo de PP, PNV y la abstención de VOX-, una Enmienda al Proyecto de Ley por el que se regula el Régimen del Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, que abría la puerta a aprobar una moratoria de dos años que permitiera a las plantas de Voltregá y Alcarràs seguir funcionando para renovarse en condiciones de eficiencia energética y culminar su transformación en plantas de biogás. Sin embargo, el PSOE decidió frenar la tramitación del citado Proyecto.

Tres meses después, concretamente el pasado 12 de marzo, las mismas formaciones políticas introducían en el Senado la misma Enmienda, esta vez dentro de la Ley sobre el Desperdicio Alimentario, que se acabó aprobando a pesar de que el Gobierno intentó vetarla argumentando que la medida afectaba a los Presupuestos Generales.

Sin embargo, una vez que la normativa volvió al Congreso, PSOE y Sumar, que tienen mayoría, impidieron que la Enmienda pudiera ser votada, retirándola del texto. "Una situación sin precedentes con la que el Ejecutivo ha tumbado la única solución viable a corto plazo para la gestión de los purines y que pone en riesgo la viabilidad de más de un centenar de granjas catalanas", explica Capdevila.

Con la intención de revertir esta situación, algunos partidos han anunciado su intención de llevar el veto de la Enmienda hasta el Tribunal Constitucional. La buena noticia es que, a finales de marzo, se reinició la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, cuyo plazo para introducir enmiendas se amplió hasta el 23 de abril.

"Siempre hemos defendido que algunas ayudas de Estado, y las primas a la cogeneración lo son, son justificables si, como es el caso, hacer viables las plantas de tratamiento de purines evita males mayores como el impacto ambiental de trasladar los purines a decenas de kilómetros para esparcirlos por tierras agrícolas que pudieran resultar vulnerables", señalan desde ERC. "La solución es compleja y pasa por la incorporación de las plantas de biogás, pero eso requiere que el Gobierno se comprometa normativamente y a tiempo", añaden.

Con el deseo de avanzar hacia una solución integral al tratamiento, higienización y desnitrificación de los purines de cerdo, ADAP y Cogen España, han constituido el Observatorio de Tratamiento de Purines de Porcino (OTPP), un espacio para integrar a diversos actores de la cadena de valor (ganaderos, integradores, sector ambiental, académico y energético) con el objetivo de minimizar su impacto ambiental y fomentar un sector porcino competitivo y respetuoso con el medio natural.

En otros países de Europa la situación de los purines se ha solventado de diferentes maneras, pero en todos ellos los incentivos han jugado un papel clave. "En Alemania, por ejemplo, aunque la mineralización de la materia orgánica es mucho más lenta debido a los tipos de suelos y las temperaturas y esto ha favorecido la solución de las plantas de biometano -en España suelos y temperatura facilitan la lixiviación de nitratos a las aguas subterráneas y hacen imprescindible el tratamiento de los nitratos excedentes-, los incentivos que el Gobierno germano ha dado al desarrollo de este tipo de instalaciones ha sido fundamental", comenta Capdevila. En Italia ha pasado lo mismo. Mientras que a partir del RD 661/2007, un MWhe producido por una planta de biogás en España se pagaba a 150 euros, en Italia se estaba pagando casi al doble.