España no cumplirá el objetivo de reciclaje pese a la implantación de la nueva tasa de basuras

La legislación europea sobre gestión de residuos está considerada como la más avanzada del mundo. Desde que en 2018 el bloque comunitario aprobara la Directiva de Residuos y el Paquete de Economía Circular, los países miembros han ido implementando paulatinamente las medidas necesarias para reducir la tasa de residuos que acaban en el vertedero y cumplir así con los objetivos marcados por Bruselas, que exigen alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje para 2025 y un 65% para 2035.

Con el fin de acercarse a estos objetivos, el Gobierno de España ha decidido implantar una nueva tasa de basuras que la mayoría de los ayuntamientos deberán aplicar a partir de abril. Este tributo se dibuja ya como el segundo más alto a escala local, únicamente por detrás del Impuesto a los Bienes Inmuebles. A pesar de ello, la Comisión Europea apunta que nuestro país quedará lejos de alcanzar las metas comunitarias por, principalmente, la todavía escasa recogida de residuos orgánicos.

Ya en el año 2020, España incumplió el objetivo europeo de reciclar el 50% de los residuos domésticos. Entonces, la Comisión Europea recomendó establecer tasas sobre los residuos municipales domésticos generados para disponer de recursos económicos suficientes que posibilitaran el cambio en los sistemas de gestión y en el tratamiento de residuos. Siguiendo este consejo, el Gobierno aprobó en 2022 La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Sostenible, una normativa que obliga a todos los consistorios y entidades locales de las ciudades con más de 5.000 habitantes a implantar a partir del próximo mes de abril una "tasa de basuras". Con ella se pretende que cada hogar pague por los residuos que genera cubriendo íntegramente el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos y, al mismo tiempo, fomentar la conciencia de la población.

El impuesto, que recaerá directamente en los ciudadanos, ha generado una gran polémica en los ayuntamientos. Varios alcaldes de signo político distinto al del Gobierno central argumentan además que el mandato no articula ni reglamenta el modo de calcular e implantar la tasa y deja a cada municipio que lo haga a su libre entender. Ello puede acarrear, argumentan, claras diferencias y agravios comparativos entre unos municipios y otros, incluso siendo vecinos y presentando similares características socioeconómicas.

De hecho, un reciente informe de la OCU sobre las tasas de basuras en las principales ciudades españolas pone de relieve que, ya a día de hoy, la diferencia de la cuantía entre unas y otras es, en muchos casos, significativa. De media, el coste anual de la tasa de basuras es de 84,64 euros y la previsión es que en el primer trimestre de 2025 se vea incrementado con la tramitación de las nuevas ordenanzas para cumplir con la normativa, llegando a rebasar en algunos casos la barrera de los 200 euros.

Este tributo está compuesto por una tasa fija y otra variable. No sólo cambia en función del municipio; también lo hace según los metros cuadrados de la vivienda, el consumo de agua o el número de habitantes de la ciudad. El informe de la OCU explica que las únicas ciudades que no tienen una tasa específica de basuras son Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga. El resto sí cobra, estableciéndose unas diferencia amplia que separa los 140 euros de Barcelona, San Sebastián, Girona, Granada o Pamplona de los apenas 30 euros de Soria o Alicante.

Por su parte, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) propone reformar la regulación de la nueva tasa para evitar un potencial caos en los ayuntamientos. Los técnicos de la asociación advierten que esta situación puede abrir la puerta a litigios con un coste equiparable al que se logrará recaudar con el propio tributo.