El Constitucional levanta el veto del decreto de las renovables en Aragón

Aragón podrá desarrollar redes de transporte y distribución dentro de sus fronteras, al menos de momento. El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido un auto este jueves en el que levantas la suspensión que aplicaban desde enero sobre varios artículos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en la autonomía.

Desde Moncloa recurrieron la norma al considerar que existía una invasión de las competencias del Ejecutivo, pero los miembros del TC han concluido que el veto a la norma deberá de producirse a través de una sentencia, todavía pendiente de emitirse.

La norma fue aprobada en marzo del año pasado por el Ejecutivo del expresidente Javier Lambán y pretendía agilizar los procesos y permitir que Aragón fuera un actor más en la planificación del desarrollo y mejora de las redes de transporte y distribución.

Los motivos esgrimidos por el antiguo Gobierno aragonés para lanzar la medida era optimizar la red autonómica y permitir a los usuarios aragoneses favorecerse de las menores pérdidas de su red de transporte y distribución. Los artículos sobre los que sobrevolaba el veto permitían a Aragón, entre otras cuestiones, dar el visto bueno a aquellas líneas directas que discurran íntegramente por el territorio de la comunidad o habilitar a su administración conceder la autorización para aumentar potencia instalada o la hibridación de instalaciones de generación que utilicen el mismo punto de conexión que fue autorizada, entre otras medidas.

A fin de abordar discrepancias entre ambos ejecutivos, se convocó en junio la comisión bilateral de Cooperación entre el Estado y Aragón. No obstante, la solución pactada no fue posible y Moncloa decidió recurrir hasta veinte artículos del decreto ante el Constitucional.

Estos puntos pusieron en guardia al Gobierno central, que presentó a través de la abogacía del Estado un recurso de inconstitucionalidad el pasado 21 de diciembre, al entender que la regulación autonómica rompía la red única española y establecía un sistema paralelo.