Aragón y País Vasco elevan la presión fiscal a las energías renovables

El impuesto medioambiental que gravará la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón, justificado "por las afecciones e impactos ambientales y visuales sobre el medio natural y el territorio de la Comunidad Autónoma", podría estar listo en junio, tal y como señaló hace unos días el consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. El nuevo tributo, de carácter retroactivo y con el que gobierno regional espera poder recaudar unos 30 millones de euros este año, se cobrará a trimestre vencido.

En el caso de las instalaciones eólicas, se tendrá en cuenta la potencia instalada y la altura de los molinos, de manera que cada aerogenerador pagará un fijo por la altura hasta un máximo y después una cantidad por cada metro de más. Además, hay un abono de 2.040 €/MW. En el caso de los parques fotovoltaicos, se computará por la superficie vallada, expresada en hectáreas, quedando exentos los proyectos de autoconsumo sin excedentes. Además, la cuota del impuesto será progresiva, yendo desde los 1.680 € hasta los 2.640 € por hectárea.

El nuevo gravamen ha caído como un jarro de agua fría en el sector de las renovables. El director general de UNEF, José Donoso, afirma que "la justificación del impuesto es absolutamente injustificable y que está mal diseñado". Respecto al volumen del impuesto, Donoso señala que la cantidad a pagar es "más del doble de lo que cobra el propietario del terreno por alquilarlo". Además, al hacer el impuesto sobre el total del terreno vallado y no sobre los metros cuadrados de paneles, "van a pagar más aquellas plantas que, por hacer las cosas bien, han introducido medidas ambientales, como islas ecológicas o corredores más amplios, que las que no las han hecho, como también lo harán plantas más antiguas que, porque la tecnología era diferente, ocupaban más espacio que las modernas que tienen mayor productividad". El representante de UNEF también señala que, al ser un impuesto con carácter retroactivo, "afectará a plantas construidas que en su día ya sufrieron recortes y pondrá en riesgo la rentabilidad de otras", a la vez que indica que "deberían estar excluidas las plantas de autoconsumo con excedentes".

"Si lo que quieren es que las renovables contribuyan al desarrollo socioeconómico de Aragón, la línea equivocada es poner más impuestos", afirma Donoso. "Lo que habría que hacer -añade- es trabajar para tener una tarifa eléctrica más barata en la región que anime a industrias y centros de datos a invertir". Con esta decisión, incide Donoso, "lo que se va a conseguir es espantar a los inversores por la imagen de inseguridad jurídica que se está dando".

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), también han mostrado su disconformidad con el nuevo tributo, alegando que su puesta en marcha "frenará la inversión en nuevos desarrollos renovables, a la vez que dañará gravemente la seguridad jurídica en la región, encareciendo innecesariamente los proyectos, dificultando su financiación y frenando la creación de empleo y riqueza".

Al Gobierno que preside Jorge Antonio Azcón también se ha sumado recientemente el País Vasco. El Ejecutivo autonómico ha incluido en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático una tasa a los proyectos renovables (eólicos y fotovoltaicos) en suelo no urbanizable que se instalen en la región. Quedarán exentas del canon las instalaciones de autoconsumo eléctrico y las de generación de potencia inferior a 5 MW.

Prevista para el 1 de enero de 2025, también tendrá carácter retroactivo, de manera que afectará tanto a las nuevas plantas como a las ya existentes. En el caso de los parques fotovoltaicos, la cuota íntegra resultará de aplicar un tipo de gravamen de 700 euros por hectárea de superficie afectada. En el caso de los parques eólicos, la cuota íntegra resultará de aplicar a la base imponible una serie de tarifas por aerogenerador, que van desde los 2.600 a los 5.400 euros.

Cantabria, Galicia y las dos Castillas

Cantabria también engrosa la lista. La disposición adicional octava de la Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, introduce el canon por la implantación en suelo rústico en la Comunidad Autónoma de parques eólicos y fotovoltaicos, quedando exentas las instalaciones de autoconsumo y las de potencia inferior a 1 MW. La base imponible consiste en el valor económico de la energía eléctrica generada y entregada a la red por el titular de la autorización administrativa de explotación. El tipo de gravamen será del 1,5% del valor de la base imponible.

Históricamente hablando, son Galicia y las dos Castillas las regiones donde los propietarios de parques eólicos llevan más años pagando los llamados cánones eólicos, que suponen una compensación por el uso de un recurso público como el viento y por el impacto que tienen los parques sobre las zonas en que se sitúan. En el caso de Galicia y Castilla-La Mancha el gravamen se aplica en base al número de aerogeneradores de cada instalación, mientras que en Castilla y León se aplica sobre la potencia de los mismos.

Según el 'Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España' elaborado por AEE en colaboración con Deloitte, en 2022 se recaudaron casi 68 millones en las tres regiones, de los que unos 15,5 millones correspondieron a Castilla-La Mancha, cerca de 30 millones a Castilla y León y poco más de 22 millones a Galicia.