¿Sancionar a las energías no renovables o premiar a las respetuosas?

En estas últimas semanas se otoñaba el almanaque, pero los días emanaban cierto aroma estival. El veroño ha provocado que el mercurio rozase los 30 grados en algunos puntos de la geografía española incluso en noviembre. Precisamente, el mes en que los líderes mundiales se citan (del 6 al 18) en Egipto para celebrar la COP27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la crisis energética, la guerra en Ucrania y la inflación como agregados adversos en la agenda del medioambiente. En paralelo a esta Cumbre, elEconomista ha querido pulsar la sensibilidad de la ciudadanía referente a este particular. El informe elaborado por Ipsos, con 34 países encuestados, incluido el nuestro, expone, entre otros datos de interés, qué medidas son las más o menos preferidas para suturar esta herida. Ya avanzamos que premiar, en detrimento de sancionar, cotiza al alza.

En cuanto a concienciación, el 70% de los ciudadanos de las 34 naciones interrogadas, aceptaría políticas que fomenten tecnologías sostenibles. Por ahí, España es el tercer país europeo en apoyar este enfoque de incentivos y descuentos (67%), por detrás de Hungría (78%) e Italia (68%), atendiendo al estudio. No en vano, José Pablo Ferrándiz, director del área de Opinión Pública de Ipsos, explica, para este periódico, que "conviene saber que existe la 'deseabilidad social', el sesgo con el que se tiende a decir aquello que mejor imagen ofrezca de nosotros. Aunque, si existe es que se percibe que la sostenibilidad es relevante, por lo que ya contamos con un indicar importante. Esta pregunta, en la España de hace 40 años, habría arrojado un resultado muy diferente porque la imagen de ecologismo ya no es la del oso con un pequeño bloque de hielo derritiéndose, sino, por ejemplo, la del incendio de nuestro pueblo. Es decir, problemáticas muy cercanas".

Ahondado en el estudio, hallamos la política menos popular en nuestro país en materia medioambiental. Un 26% de españoles apoyaría aumentar los impuestos sobre las fuentes de energía no renovables, tales como el gas y el petróleo para la calefacción y la cocina; rechazándola un 46%. Con todo, España se sitúa entre los países europeos donde mayor apoyo encuentra este incremento. Y, seguidamente, el claro contraste. La medida con más apoyo es destinar subvenciones para reducir el precio de las tecnologías respetuosas con el clima, como los paneles solares o los coches eléctricos, en el caso de nuestro país casi siete de cada 10 interrogados, como se indicaba en el párrafo precedente. Cabe, pues, evidenciar una nítida tendencia a priorizar el estímulo a las ayudas o subvenciones de las administraciones a las energías amigables que a castigar las no renovables.

¿El compromiso medioambiental, cuestión de renta?

Tal vez, ciertos encuestados interpretan que esas hipotéticas sanciones recaerían sobre sus costillas. Eso algo por lo que preguntamos a Ferrándiz, quien afirma que "todavía hoy, una parte muy importante de la ciudadanía coge el coche para los transportes no sólo de medio-largo recorrido, sino en la ciudad. Claro que un gran segmento piensa que le pueda repercutir. Llevamos tres crisis económicas seguidas y se han incrementado las desigualdades. Es posible que estemos regresando al concepto de sociedad materialista en el que mucha gente se preocupa más por sus finanzas personales. Con esto quiero decir que aquel que ve agravada su realidad económica no concibe, indudablemente, de la misma manera que afecten negativamente en impuestos ciertos productos o servicios"

"Quien deja de comer carne teniendo en cuenta también cuestiones medioambientales es porque posee un nivel socioeconómico alto"

En línea con esto, otra de las medidas con menor respaldo es la imposición de tributos a determinados alimentos. A nivel mundial, 4 de cada 10 se oponen a un impuesto más alto sobre la carne roja y los lácteos, y sólo 1 de cada 3 (29% de media) la apoyaría. En España, sólo un 27% la vería con buenos ojos, mientras que sería declinada por un 44%. Por su parte, la división se hipertrofia en la opción de gravar los desplazamientos con mayor impacto medioambiental; 39% de media, un 37% en el caso de España. Desde Ipsos valoran que "si, de repente, aparece un coche eléctrico, cuya percepción es que siguen siendo caros, que fuese asequible, habría más puntos de vista que se decantasen a elevar impuestos a vehículos que contaminan. De igual forma, actualmente, quien deja de comer carne teniendo en cuenta también cuestiones medioambientales es porque posee un nivel socioeconómico alto". Por último, España es el país que más responsabilidad otorga a las escuelas a la hora de formar en la defensa de la sostenibilidad, un 37% frente a una media mundial del 24%.