42.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos esperan licencias administrativas

El director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica, Joan Groizard, ha confirmado que a día de hoy la administración general del Estado tiene constancia de 42.000 solicitudes para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en el territorio nacional. Cuando entren en funcionamiento permitirán casi triplicar los alrededor de 16.000 puntos de recarga que ya están funcionando. Promotoras y distribuidoras claman en el Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica (CEVE 2022) que se celebra en Sevilla ante la lentitud de los trámites burocráticos, con tiempos medios de entre un año y medio y dos años por proyecto. Y hay plazos que cumplir, pero a los que no se va a llegar. El primero, el del 1 de enero de 2023: los aparcamientos abiertos al público deberán tener instalados más de 100.000 puntos,según las ratios establecidas por la normativa. Afecta a parkings, centros comerciales, hospitales, estaciones, cines … Groizard advierte: "Es una obligación legal". Habrá consecuencias, en forma de requerimientos e incluso sanciones, para quienes no cumplan.

Sólo en centros comerciales se estima que se deben instalar 17.000 puntos de recarga de los 100.000 previstos. Tantos como hoy conforman la red total española. La patronal ya ha pedido una moratoria de tres años, pues no llegarán a tiempo. Argumentan que España es el único país que ha decidido adelantar plazos sobre lo que exige la normativa europea.

"Es una obligación legal y damos por hecho que todos cumplirán", ha insistido Groizard en su intervención en el CEVE, ante un auditorio con directivos de las mayores empresas del ramo. Si hay incumplimientos, "en cada caso" se estudiarán las circunstancias y "se tomarán medidas", entre las que ha citado requerimientos o sanciones.

Las empresas

Empresas como Endesa X Way, a través de su directora general Elena Bernárdez, exponen la realidad de la burocracia: ayuntamientos que siguen pidiendo licencias de obra para instalaciones en baja (normalmente en hogares con puntos de carga lenta) cuando por ley sólo necesitan una declaración responsable. En media tensión, para instalaciones de uso público, se manejan tiempos de entre tres y seis meses para un primer trámite y entre dos y cuatro meses de espera para el centro de transformación, con lo que antes de empezar la instalación en sí del punto de recarga se acumulan hasta diez meses de papeleo. Y es sólo el principio. "En el mejor caso de los 4.000 puntos que tenemos instalados, la tramitación administrativa llevó un año", ha expuesto Bernárdez en una intervención en el congreso compartiendo mesa con Groizard. "Necesitamos que se tramite a otro ritmo", ha indicado la directora general de Endesa X Way.

Carlos Bermúdez, Gerente Desarrollo Negocio eMobility de REPSOL, ha puesto otro ejemplo de los efectos de la lentitud administrativa: de 1.200 puntos de recarga instalados tienen operativos a día de hoy 480. "Es cierto que se han simplificado algunos trámites, pero seguimos encontrando barreras y en ocasiones tenemos incluso que desestimar proyectos". El panorama es muy dispar según comunidades autónomas: para conseguir la autorización de Industria, por ejemplo, hay quienes la tramitan de forma digital en apenas uno o dos días y en otros casos el procedimiento se alarga hasta los 169 días. Cinco meses y medio.

La lentitud de la administración sólo servirá a quien ha iniciado el procedimiento

Groizard no pone paños calientes sobre la lentitud de la burocracia, pero advierte que ese argumento sólo le servirá al que ha iniciado al menos la tramitación.

Los 42.000 puntos de recarga solicitados en España son los que constan en el programa MOVES III, que ofrece ayudas para la instalación. Groizard advierte que hay algunos más en trámite, pues hay grandes superficies que por política de empresa no solicitan ayudas públicas y puede haber más casos de particulares en los que no se ha acudido a este programa.

Contrarreloj

En el sector todos son conscientes de que van a contrarreloj. No solo por ese primer hito del 1 de enero próximo. La Unión Europea exigirá en 2030 una red de puntos de recarga en las redes de carreteras que garantice la movilidad, con no más de 60 kilómetros entre punto y punto y capacidad de carga ultra rápida. Y España va con notable retraso. Hace apenas un mes el sector de la automoción estimaba que España solo tiene 103 puntos de carga de entre 150 y 250 kW (carga ultra rápida) en espacios interurbanos.

Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, entidad organizadora del CEVE 2022, explica "afrontamos un 2023 lleno de retos en España para la movilidad eléctrica, marcados por las 250.000 matriculaciones de vehículos eléctricos previstas en el PNIEC y el objetivo de crecer en infraestructuras de recarga porque somos el país 19 por puntos de carga públicos en Europa".

El Plan Nacional prevé 250.000 matriculaciones de vehículos eléctricos en 2023

Administraciones y empresas son conscientes que las lagunas en la red de recarga frenan la venta de coches eléctricos, pero hay unanimidad de que influyen más factores, como la complejidad de los sistemas de pago por app en las electrolineras, fiscalidad, incentivos y otras ventajas. Groizard apuntó que también se pueden articular medidas de penalización a los vehículos de combustión en vez de incentivos al coche eléctrico que pueden dar resultado.

El congreso

El Congreso CEVE 2022 analiza la situación actual del sector de la movilidad eléctrica a nivel nacional y europeo a través de cuatro puntos de vista: desarrollo industrial, autoconsumo, infraestructuras y modelos de negocio. A través de este amplio análisis, pretende que España se posicione como líder en el eje de movilidad sostenible y eficiencia energética con la propulsión de las energías renovables y el almacenamiento energético. Endesa X Way, como patrocinador principal, participa en el objetivo de la transformación global de la movilidad y la electrificación del transporte, que supone más de una cuarta parte de las emisiones totales de efecto invernadero en España y se consolida como uno de los principales retos de la sociedad.