El Gobierno rebajará la factura de 1,5 millones de hogares un 40%

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley avanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada que incluye nuevas medidas para aliviar el impacto de los altos precios de la energía en los consumidores. Dentro de estas medidas destaca la creación de una nueva tarifa para comunidades de vecinos con caldera central, la ampliación hasta finales de 2023 de la limitación de la subida del gas al 5% en la tarifa regulada y la prórroga del recorte de los beneficios 'extraordinarios' a las eléctricas durante 2023.

Así pues, en el caso concreto de la rebaja de las facturas para comunidades de vecinos con caldera comunitaria, el Gobierno ha acordado la creación de unas nuevas tarifas reguladas para las comunidades de vecinos -ocho concretamente- en función del tamaño de las instalaciones de gas. El gobierno espera que 1,7 millones de hogares se vean beneficiados de la nueva TUR 'Ahorro Vecinal' y que represente un 50% de ahorro en la factura. Sin embargo, esta tarifa regulada obligará a que los consumidores que se beneficien de ella tengan instalados contadores individuales antes del 30 de septiembre de 2023, así como revisar sus calderas asiduamente. Además, estará solamente sujeto al descuento el 100% del equivalente al consumo de los últimos cinco años, mientras que si se consume más de la media realizada, se producirá una penalización de un 25% más, con el objetivo, según la ministra Teresa Ribera de "incentivar el consumo eficiente por parte de las comunidades de propietarios".

"Es un ahorro que estimamos en el 40%. Calculamos cuál es el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años, y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%; el 30% seguiría pagando el gas al precio que está en el mercado. Si la comunidad incrementara su consumo por encima del consumo medio, habría una penalización", indicó Ribera.

En lo que respecta al límite establecido por el Ejecutivo que impedía para la tarifa TUR1 y TUR2 (la establecida para consumidores domésticos de gas natural) que el gas natural subiera más de un 15% en cada revisión trimestral de la tarifa, limitando el alza del recibo a un máximo del 5%, se ha decidido ampliarlo hasta el 31 de diciembre de 2023, es decir, nueve meses más de lo que en principio se había acordado. 

Además, el Ejecutivo limitará la posible penalización para rescindir contratos de gas natural, incluyendo también las rescisión inmediata con ello de los posibles contratos vinculados de servicios.

Según han indicado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el déficit generado por estas medidas a partir de noviembre se financiará a través de los PGE. Asimismo, se prorrogarán hasta diciembre de 2023 las medidas de flexibilización de contratos de gas natural para la industria.

Refuerzo de los bonos

Junto a estas medidas, el nuevo paquete aprobado, que viene a complementar el Plan +Seguridad Energética,  refuerza los bonos sociales -eléctrico y térmico- a los que pueden acogerse las familias vulnerables o numerosas. Así, se incluyen nuevos descuentos del 40% en la factura eléctrica para 1,5 millones de hogares trabajadores con bajos ingresos y se refuerza el actual bono social, al que están acogidos 1,3 millones de hogares. 

A esta nueva categoría podrán acogerse familias con varios miembros (dos adultos y dos menores) cuya renta conjunta ascienda a casi 28.000 euros, así como aquellas personas que vivan solas y ganen poco más de 16.000 euros. También cubre a dos personas que vivan juntas y ganen entre las dos 19.320 euros, dos adultos y un niño que junten 23.520 euros o un núcleo familiar de varios miembros cuya renta conjunta se quede en torno a esos 28.000 euros. También se da más flexibilidad para los consumidores. Igualmente, se aumenta el descuento para los consumidores vulnerables del 60% al 65%, se elevará del 70% al 80% el de los consumidores vulnerables severos y se incrementará un 15% la cantidad de energía con derecho a esos descuentos.

Asimismo, se aumentan las ayudas del bono social térmico, que crece desde la horquilla de 35 euros a 350 euros al año hasta la horquilla de 40 euros a 375 euros al año, duplicando su dotación presupuestaria.

Otro importante frente abierto es la transparencia en la información en las facturas energéticas. El Gobierno obligará a incluir en los recibos información sobre el consumo medio de consumidores en el mismo código postal, así como a dar información detallada sobre la aportación del mecanismo ibérico.

Este se postula como el décimo  decreto que se aprueba desde junio de 2021 "con el objetivo de proteger a las familias y al tejido productivo" con reducciones de costes fijos de la factura, aumento de la protección a los más vulnerables y al introducción del tope al gas para electricidad.