Ribera ataja el ruido de opa en Naturgy: lo importante ahora es asegurar el gas

El Ministerio de Transición Ecológica quiere atajar el riesgo de movimientos corporativos en Naturgy en un momento especialmente delicado para el suministro de gas. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno "velará con particular atención" por el cumplimiento de las condiciones que se impusieron al fondo IFM para desembarcar en la compañía en el caso de que su consejo siga adelante y proponga la escisión del negocio de la gasista en dos empresas.

Ribera aseguró que "estamos en un momento donde lo importante es dar seguridad y estabilidad al sistema gasista español, y Naturgy es una corporación particularmente importante en ese ámbito".

Las declaraciones de Ribera llegan apenas una semana después de la visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto, a Australia para reunirse con fondos de inversión y después del paso al frente de CVC para negar que estuviera negociando una venta de su participación a la francesa Totalenergies. Por contra, ni IFM, ni GIP han negado haber mantenido conversaciones con la petrolera francesa, mientras Repsol sigue también atenta a este proceso.

El Gobierno aprobó en agosto de 2021 el desembarco de IFM en Naturgy con una serie de condiciones que serían las que ahora revisaría su cumplimiento. IFM debería demostrar que apoya la inversión de la sociedad en proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en términos de mercado y perfil de riesgo. Asimismo, la empresa no puede apoyar ninguna propuesta de desinversión que se presente al Consejo o a la Junta de la sociedad que implique que esta última pierda el control de filiales que puedan poner en riesgo el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía y gas natural en España.

IFM está obligado también a apoyar el mantenimiento del domicilio social y de la sede efectiva de gestión y dirección de los negocios en España, a mantener una parte significativa de la plantilla del grupo en España y respaldar una política de dividendos prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética.

Uno de los puntos clave en esta revisión estaría en la exigencia de apoyar una política de endeudamiento externo encaminada a mantener la calificación crediticia de grado de inversión -que el proyecto Géminis podría poner en riesgo- y permitir que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España no sean superiores a las recomendadas por la CNMC. El Gobierno exigió también el apoyo a la difusión de información al mercado y en contra de una exclusión de cotización de las acciones.