Ribera reivindica como propia la prórroga del bono social que ha presentado Pablo Iglesias

El Ministerio de Transición Ecológica ha reivindicado como propia la propuesta de ampliar los plazos para el bono social que ha sido adoptada en el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta, Teresa Ribera. La medida ha formado parte de una ampliación del llamado 'escudo social' del Gobierno que ha sido presentado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que asume así un paquete de medidas que tocan a varios departamentos. Pese a eso, la comunicación de la medida no ha recaído en el departamento de Asuntos sociales sino que ha sido el área de Ribera quién ha emitido la correspondiente nota de prensa explicando la medida antes incluso de que se diera a conocer la referencia del Consejo de Ministros.

Iglesias ha agradecido, por su parte, la colaboración de Ábalos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros pero no ha citado a la vicepresidenta Ribera que no participó en la rueda de prensa pese a que el Consejo de ministros ha dado luz verde a otras dos importantes medidas en materia energética.

La prórroga del bono social beneficiará a los 25.900 autónomos que se habían acogido a esta medida, así como a los más de 70.000 usarios que tenían que renovar la prestación.

En el decreto que ha sido aprobado se prorroga la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. Esta prohibición, habilitada durante el estado alarma, se amplía hasta el 30 de septiembre y no se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

La prohibición de cortes de agua, electricidad y gas natural, gases manufacturados y gases licuados de petróleo por canalización está dirigida exclusivamente a particulares y para los suministros adscritos a su vivienda habitual, cuestión que el consumidor podrá acreditar a través de cualquier medio documental que acredite esta circunstancia.

Se amplía igualmente el periodo de tiempo por el que no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente de pago y la suspensión de suministro por impago. Por tanto, si el primer aviso de pago se ha producido desde el inicio del estado de alarma hasta el 30 de septiembre, los plazos que han de transcurrir hasta que el suministrador pueda cortar el suministro empezarán a contar desde el próximo 1 de octubre.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de los reales decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas. Con ello, el Gobierno agiliza la tramitación de sendas normas, que contribuyen a dotar de certidumbre y seguridad jurídica al marco normativo energético, preparándolo para el despliegue ordenado de energías renovables que vivirá el sistema energético español en los próximos años. Esta masiva penetración renovable –están planificados unos 60 gigavatios hasta 2030- tendrá un efecto tractor sobre la cadena de valor industrial y la competitividad del país, generando actividad económica y empleo sostenible, en el contexto de la reactivación económica tras el COVID-19 para tratar de atraer una inversión cercana a los 90.000 millones euros.