Cuando la regulación no está clara, la inestabilidad es la primera en llamar a la puerta, cualquiera que sea el sector. Y con la inestabilidad llegan las primeras bajas: los empleos. Esto es lo que está ocurriendo en la industria fotovoltaica en la que, según los cálculos de las patronales del sector (Appa y Asif), se perderán cerca de 11.000 puestos de trabajo si no se clarifica su futuro.En total, esto representa la mitad de empleo que actualmente genera la fotovoltaica en España, que asciende a unos 22.000 puestos entre directos e indirectos.Más de 56.000 empleos en 2020Según Asif y Appa, actualmente hay casi 5.000 trabajadores directos en este tipo de industria que crece a un ritmo vertiginoso del 500 por ciento. A estos hay que sumar más de 15.000 trabajadores que, como sumnistradores, distribuidores u otro tipo de funciones auxiliares viven de la generación de energía a partir del sol. Además, en caso de que se mantuviese el actual sistema de retribución, la fotovoltaica podría llegar a emplear a 56.100 personas en el horizonte de 2020.¿Pero cuál es el motivo real de esta situación de precariedad? Que, según están las cosas a día de hoy, nadie sabe qué pasará con las retribuciones a este tipo de instalaciones solares a partir del 30 de septiembre, el límite fijado por el Ministerio de Industria para acogerse a las primas actuales, por lo que la rentabilidad del sector queda en el aire.Esta inseguridad provoca que los promotores necesiten darse prisa para terminar sus instalaciones a tiempo y el resultado, según las patronales, es que las industrias auxiliares que se necesitan para que salgan adelante los parques fotovoltaicos, como las encargadas de elaborar los transformadores, por ejemplo, caigan en manos de la especulación ofreciendo sus servicios a un precio desorbitado.La especulación gana terrenoDe este modo, según fuentes del sector, el objetivo del Gobierno de terminar con los meros especuladores en el sector está muy lejos de ser conseguido y los trabajadores acabarán pagando este aumento de costes. El límite del 28 de septiembre está cada vez más cerca y no sólo eso, sino que para aquellas instalaciones que están en construcción el límite para acogerse al sistema de primas terminará a principios del mes de julio.El Gobierno presentó una propuesta en la que pretendía poner un techo de 1.200 megavatios y reducir las primas en un 30 por ciento, además de proponer la reapertura de una mesa de trabajo conjunta para esclarecer el futuro del sector. Por su parte, el regulador energético rechazó los planes del departamento dirigido por Joan Clos, al tiempo que le instaba a elaborar "en tiempo útil" un nuevo Real Decreto no retroactivo.Sin embargo, ese nuevo marco que ha reclamado la CNE todavía no ha llegado. Desde las dos patronales afirman que "este tiempo útil es cada vez más corto: la inversión se paralizó en cuanto se conoció la propuesta y esta parálisis ya está afectando gravemente al sector."