Empresas y finanzas
España gasta en obras 330 millones más por el alza de los precios ofertados
- La baja media de los contratos se redujo del 26,2% al 22,6% en un año
Javier Mesones
Las Administraciones Públicas adjudicaron proyectos de infraestructura durante 2018 con una baja media de 22,6% con respecto a los presupuestos base de licitación, lo que representa 3,6 puntos menos que el 26,2% registrado en 2017, según los datos recabados por Seopan.
Esto se traduce, en términos absolutos, en un mayor gasto para las arcas públicas. En concreto, con las cifras de contratación del último ejercicio, que crecieron sustancialmente, esa diferencia en el precio medio ofertado implica un coste de 330 millones de euros más.
El conjunto del sector público contrató obras por 7.131 millones de euros en el último ejercicio, lo que supone un aumento del 40% en relación a los 5.095 millones de 2017 -el techo se registró en 2008 con 16.734 millones-. Atendiendo al dato de baja de media recogido por la patronal de las grandes constructoras y concesionarias de 2018, el presupuesto de licitación total de los proyectos adjudicados ascendió a 9.213 millones. De este modo, las Administraciones se ahorraron 2.082 millones por los descuentos aplicados por las constructoras en sus ofertas. Con la baja media de 2017, del 26,2%, el volumen de los contratos habría alcanzado los 6.799 millones, con un ahorro para las arcas públicas de 2.414 millones. La diferencia entre ambos escenarios arroja los 330 millones referidos. En términos porcentuales, representa casi un 5% más.
La baja media del 22,6% de 2018 es el menor nivel desde 2012. Se redujo por tercer año consecutivo el año pasado, dejando atrás el máximo alcanzado en 2015, del 30,2%. Durante la crisis, los ajustes presupuestarios y las exigencias de Bruselas para cumplir con el déficit público propiciaron que las contrataciones tendieran a simular subastas, con organismos como Adif adjudicando multitud de proyectos con descuentos por encima del 50%. Una situación que desencadenó decenas de disputas entre el gestor ferroviario y las constructoras por los modificados que en muchos casos derivaron en la rescisión de los contratos.
Detrás del ajuste al alza de las ofertas económicas confluyen varios factores simultáneamente. Según explican fuentes del sector, "por un lado son determinantes los propios pliegos que rigen la contratación en relación a los umbrales de presunción de ofertas en temeridad considerados y a la ponderación de la puntuación económica respecto de la técnica". En este sentido, la propia Adif o la Dirección General de Carreteras (DGC) han cambiado sus pliegos en los últimos años de manera que la parte técnica ha cobrado un protagonismo mayor que el que tenía hasta ahora. Y por otro, "influye también, aunque en menor medida, la relación oferta–demanda de obra pública, particularmente en situaciones de incremento notable de la licitación pública como así suele suceder en periodos preelectorales", señalan las mismas fuentes. Así ocurrió el año pasado en todas las Administraciones.
Por Administración, el mayor recorte de las bajas se produjo por parte de las Comunidades Autónomas, de 6,3 puntos porcentuales. En promedio, pasaron del 27% de 2017 al 20,7% del último año. Las Autonomías adjudicaron contratos de obra por 2.425 millones, un 20% más que los 2.014 millones del ejercicio anterior. Así, desembolsaron 193 millones más que si los descuentos en los precios de las ofertas se hubieran mantenido invariables, acaparando así casi dos terceras partes del coste adicional.
El Estado, el nivel más alto
Mientras, las Administraciones Locales (Ayuntamientos, fundamentalmente) sellaron contratos por 2.499 millones, con un alza del 59% con respecto a 2017. Alcanzó este importe tras adjudicarlos con una baja del 18,3% de media. Este porcentaje implica un descenso de 1,1 puntos y más de ocho puntos en relación a los máximos de 2015 (26,4%).
Por último, el Estado ajustó las adjudicaciones en 2,6 puntos, hasta situar el descuento con que contrata con respecto al presupuesto de licitación en el 28,6%, un nivel que se aleja del 33,4% de 2014 pero que a juicio de las fuentes del mercado consultadas continúa siendo "en cualquier caso muy elevado".