Ribera consulta cómo repartir 10.600 millones de cargos eléctricos

El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado una Consulta pública para recabar ideas sobre cómo repartir entre los consumidores los llamados cargos del sistema eléctrico, un tipo de costes ligados a la política energética que ascienden a unos 10.600 millones de euros este 2019, el 59% de unos costes totales que suman 17.800 millones.

En el sistema eléctrico hay dos tipos de costes, los peajes, que corresponden a las redes de transporte y distribución –se estiman en 7.250 millones este 2019, el 41% del total–, y los cargos, que sufragan políticas energéticas, como el fomento de las renovables, la anualidad de la deuda, el coste de los sistemas no peninsulares, los pagos por capacidad, la interrumpibilidad...

Los gobiernos vienen distribuyendo los cargos y peajes entre los consumidores políticamente, pero la Cartera dirigida por Teresa Ribera, de acuerdo con la normativa de la UE, ha transferido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la responsabilidad de elaborar una metodología para calcular y repartir los peajes, y se ha reservado la elaboración de la metodología y el reparto de los cargos.

Ambas metodologías deberían estar listas para aplicarse a partir del próximo 1 de enero. De hecho, se están elaborando en paralelo –la CNMC quiere someter a consulta pública su propuesta a partir del 1 de julio– y el Ministerio acaba de lanzar una Consulta pública previa a la elaboración de un real decreto sobre la materia que concluye el 31 de mayo.

Tanto los peajes como los cargos se vienen distribuyendo entre la parte fija del recibo, correspondiente a la potencia contratada, y la parte variable, correspondiente a la energía consumida, en mayor o menor medida según el nivel de tensión de los consumidores.

En función de la renta

Sin embargo, ahora el Ministerio se plantea la posibilidad de considerar también otros criterios de reparto. La propia Consulta cita las opciones de que se repercutan sobre la vivienda habitual o sobre una segunda residencia, así como las características socioeconómicas de los consumidores.

A priori, como recoge el reciente informe El sector eléctrico del futuro: retos y políticas, elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica del ICAI, los peajes deberían ser variables, según los costes provocados al sistema, para aportar señales de precio que orienten a los agentes y fomenten la eficiencia, mientras que los cargos tendrían que ser fijos y repartirse de forma que minimicen las distorsiones sobre el comportamiento eficiente.

La entidad plantea varias opciones, como aplicarlos proporcionalmente según el nivel de renta –usando el IBI o el valor catastral asociado al punto de suministro–, según la potencia contratada o según el consumo histórico.