Adif reclamará daños y perjuicios al 'cártel ferroviario' por los sobrecostes

Adif llevará a los tribunales para demandarlas por "daños y perjuicios" a la quincena de empresas que formaron el cártel destapado recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el que durante unos catorce años se repartieron 200 proyectos ferroviarios por valor de unos 1.000 millones de euros.

De este modo, Adif persigue frenar la corrupción en sus licitaciones con la puesta en marcha de un plan que pivota sobre dos vías la judicial y la preventiva. Por un lado, el gestor ferroviario tiene previsto adoptar acciones legales contra las empresas sancionadas por la CNMC con 118 millones por haberse repartido contratos de electrificación de la red del AVE y la convencional por 1.115 millones. Así, la firma que preside Isabel Pardo de Vera ha encargado un estudio para determinar los "daños y perjuicios generados" por la falta de competencia en las licitaciones y reclamar a las empresas que conforman los cárteles su resarcimiento.

"Se iniciarán las actuaciones oportunas para reclamar a las empresas sancionadas los daños y perjuicios que sus conductas les haya ocasionado, con especial atención al impacto que las mismas hubieran producido respecto de los fondos europeos que han financiado parte de los contratos adjudicados a las empresas sancionadas", asegura el gestor en un comunicado.

Y es que, Adif considera que estas alianzas empresariales han llevado a que las obras sean más caras y se generen unos sobrecostes que Competencia ha llegado a cifrar en un 20%. No en vano, según el informe del organismo, los pactos para repartirse los contratos implicaba que los grupos a los que no les tocaba ganar en esa ocasión presentaran ofertar muy poco competitivas y sin rebajas por lo que propuestas con descuentos del 1 o el 4% resultaban ganadoras.

El efecto de las alianzas

A su vez, la firma ferroviaria quiere analizar el efecto de las alianzas en los contratos que aún están en ejecución y en los que participan las empresas implicadas en los tres cárteles sancionados, entre las que destacan Elecnor, las filiales de ACS (Cobra, Cymi y Electren), Comsa, Sacyr u OHL.

Aunque la sanción del superregulador que preside Jose María Marín Quemada se centra en licitaciones hasta 2016, el gestor ferroviario quiere ampliar las investigaciones e identificar "los contratos adjudicados en estos mercados a partir de 2017, así como el resultado de las licitaciones en curso".

El segundo eje plan se centra en las imposición de medidas de control y sanciones para evitar que se vuelvan a repetir hechos de esta naturaleza. Así, adoptarán las medidas organizativas "pertinentes para proveer a Adif y Adif Alta Velocidad de mecanismos que permitan el análisis especializado en materia de competencia de los sectores de actividad más relevantes para el desarrollo de sus funciones", explica el gestor que, a su vez, ha querido dejar muy claro que no ha tenido ninguna participación en los hechos sancionados, que los desconocía totalmente y que es "muy difícil identificarlos" ya que el objetivo de los acuerdos colusorios es "fingir concurrencia".

En cuanto a las sanciones, Adif incluirá en sus pliegos una nueva condición de ejecución, a través de la que las empresas que resulten adjudicatarias de los contratos asuman como obligación que su participación se realizará de forma íntegra, ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude.

El incumplimiento de esta cláusula implicará, además de la reparación de los daños y perjuicios al gestor ferroviario, la imposición de penalización a los que las hubieran cometido que pueden llegar hasta el 50% del precio del contrato e incluso a su resolución.