Juzgados investigan decenas de casos sobre urbanismo en España
Madrid, 3 nov (EFECOM).- Decenas de irregularidades urbanísticas, recalificaciones de terrenos, licencias para construir en zonas no urbanizables y posibles tratos de favor a determinadas constructoras se investigan en Juzgados de toda España, según los datos recabados por las Delegaciones de la Agencia Efe.
La Fiscalía y los Juzgados de diversas provincias españolas tienen abiertas diligencias por decenas de casos de este tipo en los que aparecen como denunciados o imputados alcaldes y concejales.
Junto a grandes escándalos como la llamada "operación Malaya" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella o las investigaciones sobre grandes desarrollos urbanísticos, los Juzgados instruyen numerosas causas de menor magnitud en otros municipios.
Las denuncias provienen a menudo de la oposición municipal, grupos ecologistas o asociaciones vecinales, aunque tampoco faltan las investigaciones de oficio por parte de la Fiscalía.
A continuación se relacionan, en cuatro tomas y ordenados por comunidades autónomas y provincias, algunas de las causas en las que se han abierto diligencias judiciales o fiscales en relación con presuntas irregularidades urbanísticas y que han sido recogidas por las Delegaciones de la Agencia Efe.
ANDALUCIA
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Carboneras (Almería)
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El grupo ecologista Salvemos Mojácar, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía denunciaron la construcción del hotel de El Algarrobico por parte de la constructora Azata del Sol sobre unos terrenos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar declarados como no urbanizables en 1994.
El Juzgado de lo contencioso-administrativo decretó en febrero la paralización cautelar de las obras, aunque el fallo fue recurrido por la empresa. Medio Ambiente tiene abierto un proceso de expropiación de los terrenos y la Junta solicita su derecho de retracto. Carboneras está gobernada por el PSOE.
Roquetas de Mar (Almería)
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La Junta de Andalucía y Comerciales del Poniente (COPO) denunciaron la concesión por parte del Ayuntamiento (del PP) de una licencia de apertura para una gran superficie comercial en la localidad en septiembre de 2000 a la empresa General de Galerías Comerciales, cuyo responsable es el empresario Tomás Olivo, imputado en la segunda fase de la "Operación Malaya" de Marbella.
En el año 2002 el tribunal estimó la nulidad de la licencia de apertura en una sentencia que fue recurrida por la empresa promotora del proyecto y por el Ayuntamiento que, meses después, permitió la apertura del centro. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la sentencia anterior el pasado 9 de octubre.
El Puerto de Santamaría (Cádiz)
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Ecologistas en Acción denunció en marzo de 2005 al alcalde, Hernán Díaz (de Independientes Portuenses, IP), al concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y al promotor inmobiliario José Pinto, por vender una finca en el Pinar de Coig que forma parte de un sistema general de espacios libres.
La juez está llamando a los testigos a declarar, lo que se prolongará durante todo el mes de noviembre.
Ubrique (Cádiz)
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El arquitecto municipal, Juan Prieto, fue detenido en la denominada Operación Pinsapar, como presunto autor de varios delitos relacionados con la ordenación del territorio. Junto a él se detuvo a otras cuatro personas por cohecho, delitos contra la ordenación del territorio y falsificación documental. Ubrique está gobernado por el Partido Andalucista.
La denuncia la hizo la alcaldesa de Grazalema, María José Lara (PSOE), y el caso está en fase de instrucción.
Tarifa (Cádiz)
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El alcalde, Miguel Manella (PSOE), tiene abiertas diligencias previas en el Juzgado de Algeciras por delitos de prevaricación, falsificación documental, sobre el patrimonio histórico, ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina, puesto que lo que inicialmente iba a ser la reforma de la Oficina de Turismo finalmente se convertirá en zona de ocio, comercial y restaurante.
La denuncia la hizo el PP, que asegura que la obra se ha adjudicado sin memoria justificativa, estudio de viabilidad ni informe de la Intervención.
Jimena (Cádiz)
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El alcalde, Ildefonso Gómez (PSOE), tiene abiertas diligencias previas en el Juzgado de San Roque en relación a las irregularidades urbanísticas de la Finca La Bordilla a raíz de una denuncia del PP. En dos años el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos que conceden edificabilidades superiores a los 2,6 millones de metros cuadrados de nueva construcción.
La Línea (Cádiz)
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El alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), se enfrenta a distintos contenciosos, uno de ellos por la venta de suelo municipal en el Camino de Sobrevela sin que respetaran las 48 horas de antelación en la convocatoria. La denuncia partió del PSOE.
Marbella-OPERACION MALAYA (Málaga)
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La mayor actuación desarrollada en España, que supuso la disolución por primera vez de un Ayuntamiento, con más de 60 detenidos de los que 26 fueron encarcelados, entre ellos toda la cúpula del gobierno local encabezada por la ex alcaldesa Marisol Yagüe, además de Julián Muñoz, varios ex ediles del PSOE, PA y GIL, empresarios y abogados, de los que aún quedan seis en prisión.
La causa, actualmente en fase de instrucción, parte de una denuncia de la Fiscalía malagueña, a raíz de la declaración del jefe de servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Gaucin (Málaga)
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La Fiscalía denunció al alcalde Francisco Corbacho Román (PA) y cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 que es contrario a la norma urbanística y por ello también se pidió la paralización de obra.
Manilva (Málaga)
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La Fiscalía denunció a la concejala Antonia Muñoz, de Izquierda Unida, por conceder una licencia en contra del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) con informes técnicos que alertaban de que no se adaptaba a la normativa vigente.
En otro caso referido al mismo Ayuntamiento está denunciado el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, un independiente procedente del GIL, por un presunto delito de prevaricación urbanística al aprobar un proyecto de ejecución en suelo no urbanizable. Tirado dimitió en 2005 tras su ingreso en prisión.
También fueron denunciados los diez concejales que votaron el 18 de febrero de 2004 en un pleno a favor del proyecto de ejecución del parque ferial del municipio.
Cómpeta (Málaga)
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El alcalde de Cómpeta (Málaga), Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que se enfrenta a la pena de un año de cárcel y diez de inhabilitación por un supuesto delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística al conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable, tras una denuncia de la Junta de Andalucía.
Benalmádena (Málaga)
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La Fiscalía de Málaga interpuso en mayo de 2006 denuncia contra el alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, por la supuesta concesión de una licencia municipal de obra en diciembre de 2004 para la construcción de un edificio en donde sólo se podían construir casas unifamiliares. La causa está en fase de instrucción.
Tolox (Málaga)
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La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga denunció en mayo al alcalde, Juan Vera (PA), al arquitecto municipal y a la secretaria del Ayuntamiento por haber permitido la construcción de 2.000 viviendas en suelo no urbanizable. La Fiscalía acaba de ampliar la denuncia por la autorización de nueve promociones en suelo no urbanizable y, en algunos casos, sin contar con los informes del secretario.
Camas (Sevilla)
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El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla investiga el presunto soborno a una edil independiente, Carmen Lobo (anteriormente en IU), para que votara a favor de unas recalificaciones urbanísticas.
La denuncia partió del novio de Carmen Lobo, Francisco Javier Gordo, ex militante de IU y ex asesor del alcalde de Camas, en otoño del año pasado.
Los investigados son el alcalde, Agustín Pavón (IU); los ediles de Camas Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA); el concejal de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (PP) y el empresario Eusebio Gaviño. El alcalde y los tres concejales han abandonado o han sidos expulsados de sus grupos.
Torredelcampo (Jaén)
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El Ministerio fiscal emitió el pasado mes de septiembre un escrito de acusación contra 12 personas, entre ellas el alcalde de Torredelcampo (Jaén), Blas Sabalete (PSOE), por construcción de chalés en una cañada real, dentro de la zona conocida como El Megatín. El fiscal pide dos años de inhabilitación para el alcalde.
Armilla (Granada)
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La Fiscalía ha abierto diligencias por un presunto caso de corrupción urbanística relacionado con la construcción del Centro Nevada, que se convertirá en el mayor centro comercial de Andalucía y que es propiedad de Tomás Olivo, dueño también del centro de Roquetas e imputado en la Operación Malaya.
El caso, aún en fase de investigación, fue denunciado por el PP y originó la dimisión del concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y la renuncia del alcalde, José Antonio Morales Cara, a optar a su reelección en las próximas elecciones municipales. Ambos son del PSOE.EFECOM
(sigue)