Petrolera estatal YPFB asume el "control absoluto" en nueva etapa

La Paz, 27 oct (EFECOM).- La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumirá este fin de semana el "control total" de los hidrocarburos, que representan una cuarta parte del PIB del país, como consecuencia de la nacionalización decretada en mayo por el presidente Evo Morales.

Este sábado, a la medianoche, vence el plazo de 180 días que fijó el gobierno nacionalista, indigenista y de izquierda de Morales para que las multinacionales firmen nuevos contratos con YPFB, o abandonen el país.

Desde su fundación en 1936, YPFB ha sido uno de los pilares del presupuesto boliviano, primero por los depósitos de petróleo y después por los grandes yacimientos de gas natural en el sureste y centro del país (los segundos de Suramérica, tras Venezuela).

La nacionalización de los hidrocarburos aprobada en mayo pasado es la tercera de Bolivia, tras la expropiación en 1937 de los bienes de la Standar Oil y la de 1969 contra la Gulf Oil, ambas empresas de Estados Unidos, y en los tres casos el control de los hidrocarburos se entregó a YPFB.

La petrolera estatal surgió como consecuencia directa de la Guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Bolivia con Paraguay por las reservas de petróleo en esa región del centro de Suramérica.

A comienzos de la década de los años 40 YPFB ya abastecía el 30 por ciento del mercado interno y registraba utilidades, a la vez que perforaba nuevos pozos, construía refinerías y los primeros oleoductos.

Vivió su "época de oro" en la siguiente década, cuando Bolivia cubrió el total de su consumo nacional y empezó a exportar petróleo a Argentina, a la vez que instaló una terminal de otro oleoducto en el norte de Chile.

En esa fase, el gobierno boliviano modificó la normativa y levantó las reservas fiscales para los hidrocarburos para conceder facilidades a la empresa privada, lo que permitió el regreso de la Gulf Oil.

En el tercer decenio de sus actividades, YPFB confrontó factores adversos que hicieron bajar su producción y, en consecuencia, sus ingresos, por el alza de los costos de operación y los bajos precios en el mercado interno.

También ha tenido, a lo largo de su historia, numerosos incidentes por corrupción e incompetencia administrativa, según sus numerosos críticos bolivianos.

A comienzos de la década de los años 60 las prospecciones produjeron sonados descubrimientos de yacimientos de petróleo. En 1967 se halló el campo "San Alberto", entonces el más importante de Bolivia.

Los negocios con las multinacionales retornaron, como la sociedad con la Gulf Oil para construir el gasoducto Santa Cruz-Yacuiba, que desde abril de 1972 empezó a llevar 150 millones de pies cúbicos de gas natural.

Antes, en septiembre de 1969, el presidente militar Alfredo Ovando Candia anuló el Código del Petróleo y, al mes siguiente, dispuso la nacionalización de la Gulf Oil, revirtiendo todas las concesiones otorgadas hasta entonces, a un costo de 78 millones de dólares en indemnización.

En la siguiente década se descubrieron varios pozos de gas, lo que dio pie a negociaciones de YPFB con Brasil para un nuevo convenio de exportación.

Las conversaciones, iniciadas por el dictador boliviano Hugo Banzer con su colega brasileño Ernesto Geisel en 1974, concluyeron en noviembre de 1991, cuando se firmó una carta de intenciones para la compraventa de gas natural.

El gas empezó a fluir hacia Brasil en 1999 por un gasoducto de 3.145 kilómetros que costó 1.840 millones de dólares.

En 1996, la reforma de la normativa petrolera en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dividió YPFB en tres empresas, vendidas parcialmente a la asociación argentina YPF-Pérez Companc-Pluspetrol, a la estadounidense Amoco y a la sociedad Enron-Shell.

Con la tercera nacionalización, YPFB vuelve a ser la protagonista principal del negocio de los hidrocarburos en Bolivia, con el monopolio de su comercialización en el país y para el exterior.

El primer presidente de YPFB en el gobierno de Morales, Jorge Alvarado, fue obligado a renunciar en agosto pasado debido a que firmó un contrato para exportar crudo a Brasil en forma irregular, según acusaciones de la Contraloría, la Superintendencia del sector y el ministerio de Hidrocarburos. EFECOM

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