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El Tribunal de Cuentas insta a revisar los impuestos 'verdes'

  • La recaudación supone el 1,9% del PIB, frente al 2,4% de media europea
Policía municipal usando una mascarilla en Madrid. <i>Reuters.</I>

elEconomista.es

El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo una auditoría de la situación de la calidad del aire en España, mediante el análisis de las políticas realizadas por el Gobierno español a través del Plan Nacional del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016.

Este plan se marcó como objetivo general garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional, estableciendo límites de emisión de contaminantes e impulsando desde las administraciones públicas las actuaciones necesarias para ello.

Todo, además de reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas, especialmente en las áreas más afectadas por la contaminación; así como fomentar la concienciación de la ciudadanía y mejorar la información disponible sobre la calidad del aire.

Conclusiones: la regulación es "oportuna y suficiente"

Las principales conclusiones del análisis del Tribunal de Cuentas apuntan que la regulación es "oportuna y suficiente". En donde el organismo pone alguna pena y hace algunas recomendaciones es en lo que se refiere a los impuestos medioambientales. En este sentido, el informe destaca que los ingresos por este concepto representan un porcentaje del PIB que se sitúa entre los más bajos de toda la Unión Europea (en 2015 se cifró en un 1,9% del PIB, frente al 2,4% de la media europea).

Por otra parte, las iniciativas adoptadas en este ámbito por las autoridades españolas fueron consideradas por la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno como "medidas fragmentarias y limitadas". En este punto el informe considera necesario implementar una verdadera reforma fiscal de carácter global sobre la imposición medioambiental, que contribuiría a modificar el comportamiento ambiental y a responsabilizar, "tanto a productores de bienes y servicios como a consumidores", explica la entidad en un comunicado.

En cuanto al análisis del sistema de competencias, el informe del Tribunal de Cuentas señala que actualmente coexisten concurrentes, lo que dificulta tanto la operatividad como la efectividad de las políticas emprendidas.