Construcción, automóvil y comercio, en pie de guerra contra Ada Colau

Han pasado tres años desde que Ada Colau tomó por primera vez la vara de alcaldesa de Barcelona, pero sigue provocando los mismos reproches que al inicio de la legislatura por parte del sector empresarial respecto a la falta de diálogo y consenso en las políticas que impulsa el Consistorio, liderado en minoría por Barcelona en Comú. Solo esta semana, constructores, concesionarios y comerciantes han hecho público su descontento con la actitud del gobierno municipal.

La decisión que más recelos ha levantado ha sido la aprobación inicial de la modificación del Plan General Metropolitano que obliga a los promotores de vivienda y de grandes rehabilitaciones a destinar un 30 por ciento de cada proyecto a pisos protegidos. Igual que pasó con la moratoria hotelera, Colau quería paralizar la concesión de licencias de obras hasta que llegase la aprobación definitiva de esta nueva norma -prevista para después de verano-, pero tuvo que renunciar a ello para conseguir los apoyos suficientes del resto de grupos municipales para sacar adelante la iniciativa.

Los constructores ya están analizando si emprenden acciones legales contra la norma, que consideran que frenará proyectos y provocará un encarecimiento de la vivienda libre por la restricción de la oferta y la necesidad de financiar el porcentaje destinado a uso social.

Por su parte, el nuevo presidente del Gremio del Motor de Barcelona, Jaume Roura, criticó en su discurso de toma de posesión "la injusta persecución de las administraciones públicas contra la movilidad privada".

Roura, que también preside la patronal catalana de los concesionarios y hasta el año pasado la federación estatal, recordó que la industria automovilística "aporta casi un 12 por ciento del PIB español y más de un millón y medio de empleos estables", con un alto peso de Cataluña en estos datos. Los vendedores de vehículos perciben "criminalización" del transporte privado, mientras Colau legisla para restringir la circulación de coches y motos para combatir la contaminación, y reduce las calzadas con más zonas peatonales y carriles bici.

En el caso de los comerciantes, el Consell de Gremis -que forma parte de la patronal catalana Fomento del Trabajo- ha emitido un comunicado en el que avisa que la nueva moneda social de Barcelona, denominada Rec (Recurso Económico Ciudadano) y totalmente digital, va a ponerse en marcha sin haber sido consensuada con la patronal del comercio.

Argumentan que implantar una nueva moneda "tiene muchas implicaciones, y hacerlo sin contar con las entidades que agrupan a un sector no indica que se quiera favorecer a dicho sector". Añaden que no se manifiestan ni a favor ni en contra de la medida, pero que debe estudiarse en profundidad, en vez de comenzar a aplicarla "con tanta prisa y sin consenso ni debate". El ayuntamiento anunció su lanzamiento en mayo, pero se ha retrasado.