Las concesionarias piden peajes distintos entre residentes y camioneros

La patronal de las grandes constructoras y concesionarias Seopan ha trasladado al Ministerio de Fomento una propuesta para la primera de las autopistas que vencen en los próximos años, la AP-1 Burgos-Armiñón, que gestiona Itínere y cuyo contrato finaliza el próximo 30 de noviembre. La iniciativa discurre porque el departamento que dirige Íñigo de la Serna mantenga los peajes, pero discriminando entre los usuarios que residen en la zona y el resto de vehículos, especialmente los camiones.

Fomento ha reiterado que no prorrogará ninguna concesión, aunque ya no se compromete a subir las barreras. De hecho, en los Presupuestos de 2018 no ha consignado ninguna partida por los costes que implicará la reversión de la AP-1. Al tratarse de un único mes (el de diciembre), la cantidad sería muy limitada. En todo caso, la expectativa en el sector privado es que el Ministerio relicitará esta autopistas y las que expirarán en los próximos años. La duda es cuál es el modelo que utilizará. La pretensión del Gobierno era adoptar una decisión consensuada con el resto de formaciones políticas a través de un Pacto Nacional, pero hasta la fecha no ha habido entendimiento alguno. No en vano, el PSOE ya ha declarado su posición a favor de que estas vías pasen a ser gratuitas.

La idea de la organización que preside Julián Núñez pasa por mantener la gestión privada de la AP-1 y con peajes. Argumentan, para ello, en el coste que tendría para las arcas del Estado. En los próximos años vencen autopistas con 1.000 kilómetros de longitud y esto tendría un impacto de 450 millones para las cuentas públicas. Un esfuerzo que, en el caso de la AP-1, derivaría de una autopista por la que circulan mayoritariamente (entre el 30 y el 50% del tráfico según la época del año) vehículos extranjeros -transportistas principalmente-. "No tiene sentido sacar de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes, estos importes para que los extranjeros disfruten gratis de la autopista", indicó Núñez, máxime cuando "en el resto de Europa cualquier transportista paga".

Seopan hace hincapié, además, en que suprimir los peajes conllevaría un aumento significativo del tráfico, de forma que pasaría de los 20.000 vehículos diarios actuales a 27.000, de los que la tercera parte serían pesados (camiones). Un flujo excesivo, a juicio de Núñez, para una carretera que en 70 kilómetros sólo tiene dos carriles y cuya vía alternativa, para más inri, presenta un elevado grado de siniestralidad. Precisamente, en este trazado se requiere una inversión de más de 300 millones para construir un tercer carril, que sería asumido por el Estado en caso de reversión.

La patronal apuesta, en cualquier caso, por implantar bonificaciones "muy elevadas" para los residentes que necesitan utilizar diariamente la autopista y que han exigido en los últimos años el fin de los peajes.