La Audiencia Nacional imputa por un fraude en los sorteos a la cúpula de la Once

La cúpula de la Once va a necesitar algo más que un duende para salir de la grave crisis financiera e institucional a la que se enfrenta. La Audiencia Nacional ha tomado declaración como imputados por un presunto fraude en los sorteos al actual presidente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Miguel Carballeda, al vicepresidente primero, Mario Loreto Sanz, y al presidente del grupo empresarial, José María Arroyo, según una providencia del juez Ismael Moreno del 18 de septiembre a la que ha tenido acceso este periódico. Los tres declararon ante el magistrado el pasado viernes.

La denuncia fue presentada por la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la Once (Puedo), grupo opositor encabezado por Miguel Durán, ex presidente del grupo, donde acusaba a la cúpula directiva de emitir el doble de los cupones que vende para garantizarse un alto porcentaje de posibilidades de quedarse con los premios. Al menos en la mitad de los casos, la Once siempre gana, según el texto de la querella.

"La organización emite, por ejemplo, 12 millones de boletos para el sorteo del cuponazo, y sólo vende 5,5 millones, con lo que se garantiza en muchas ocasiones que le va a tocar el premio", denuncia la Plataforma Puedo.

Operativa "fraudulenta"

La operativa es la siguiente, según la denuncia: "La Organización emite muchos más boletos de los que realmente vende con la finalidad de que muchos premios se queden sin repartir, concretamente, el 40 por ciento de los premios en los sorteos ordinarios, el 50 por ciento en los sorteos de viernes y el 60 por ciento en los sorteos de fin de semana, premios que, por tanto, se quedan en las arcas de la Once".

La denuncia llegó a la Audiencia Nacional en octubre de 2003, pero el juez Ismael Moreno decidió no admitirla a trámite. La Sala de lo Penal se reunió y ordenó al magistrado reabrir el caso "por no haberse hecho un adecuado análisis de los hechos". Ahora, tres años después, el juez Moreno ha decidido imputar a los directivos. Carlos Bueren, ex magistrado de la Audiencia Nacional y desde 1996 socio del despacho de abogados Uría Menéndez, es el encargado de defender a la organización.

"Estamos abiertos a colaborar con la justicia para que todo se aclare cuanto antes", aseguró ayer un portavoz de la Once. "Actuamos según la legalidad y todas las cifras de la organización están auditadas por tres Ministerios: el de Hacienda, el de Trabajo y el de Interior".

El ex director de la Once, Miguel Durán, explica que la plataforma Puedo está celebrando asambleas por todas las sedes de la institución para poner a los afiliados al tanto de la grave crisis institucional y administrativa por la que atraviesa la Organización Nacional de Ciegos de España. Según Durán, la actual directiva "cobra un abusivo sueldo de medio millón de euros al año, hay directivos que tienen colocados hasta 22 familiares directos y penalizan a los vendedores".

Los denunciantes no dudan en acusar a la actual cúpula directiva de una "diabólica mecánica que tiene unos efectos absolutamente perversos para el cupón de la Once, para las ventas cotidianas y, sobre todo, para el sostenimiento del producto en el futuro".

"La actual dirección de la Once", prosigue la denuncia, "ha convertido a la institución en jugadora de su propio juego, de su propio cupón, y todo ello en clarísimo fraude al consumidor que permanece ajeno a dicho fraude".

Las ventas del cupón caen

Paralelamente a la investigación penal por el presunto fraude de sus directivos, la Once está sufriendo una grave crisis por la caída de las ventas del cupón, lo que ha provocado que en los dos últimos años la organización haya ingresado 652 millones de euros menos de lo previsto. En 2005 tenía previsto ganar más de 75 millones de euros y ha perdido, en cambio, casi 40 millones de euros.

Las ventas del cupón diario cayeron el año pasado un 10,46 por ciento, las del cuponazo un 12 por ciento y las del supercupón del fin de semana un 13 por ciento. Y es que ni siquiera los sorteos extraordinarios consiguen aliviar esta situación. El año pasado se celebraron dos, uno menos que en 2004, y la recaudación total fue de 60,73 millones, es decir 46,57 millones menos.

El Estado, en virtud de un acuerdo que la empresa firmó con el Gobierno del PP por quedar fuera del sorteo del Euromillón, tendrá que acudir a compensar las catastróficas cuentas de la organización. El Ejecutivo, que ya pagó el año pasado 15,6 millones de euros a la Once, tendrá que abonar este ejercicio otros 86,7 millones más.