El Gobierno ignora a Competencia y aprueba el decreto que frena las VTC

La pugna entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la liberalización del sector del transporte por carretera tiene un nuevo capítulo que puede acabar en los tribunales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó ayer en Consejo de Ministros el Real Decreto con el que busca elevar el control sobre las VTC en favor del taxi, ignorando así las recomendaciones del superregulador, que tachó el texto de "desproporcionado, injustificado y contrario a la libre competencia".

Las nuevas medidas regulatorias introducen una disposición que "impide la transmisión de autorizaciones durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento inicial" para "evitar la especulación". Es decir, los propietarios de las licencias VTC (alquiler de vehículo turismo con conductor) no se podrán vender durante sus dos primeros años de vigencia mientras que las de los taxistas mantienen la libre circulación en el mercado secundario, donde llegan a costar hasta 140.000 euros. No en vano, las administraciones llevan casi 20 años sin expedir nuevas licencias por lo que hay un mercado cautivo de unas 70.000 que se pasan de unos a otros.

El Real Decreto también incluye la creación de un registro único a nivel estatal al que los conductores que trabajan con las plataformas de Uber o Cabify deberán comunicar todos los servicios que les contraten con carácter previo a su realización. Según explica el Ministerio de Fomento, esta medida "reforzará las garantías en la exigencia de la contratación previa del servicio de alquiler de vehículos con conductor" y "controlará de manera eficaz que las empresas VTC realizan un máximo del 20 por ciento de sus servicios fuera del territorio de la Comunidad Autónoma (CCAA) que otorgó la licencia". Esta medida ha variado sensiblemente con respecto al borrador puesto que en un principio los conductores tenían que informar a las CCAA.

La normativa persigue en este sentido que los vehículos con licencia VTC no puedan recoger pasajeros directamente de la calle. En este punto, el gremio quería que Fomento estableciera un plazo mínimo de una hora entre la contratación del servicio y la prestación del mismo. A la espera de que se publique el texto completo, el Decreto no contempla ninguna limitación.

El texto aprobado si que incluye una disposición para asegurar que todas las licencias VTC otorgadas por vía judicial se sometan a esta nueva regulación independientemente de cuando se solicitaron.

La aprobación de este Real Decreto en el último Consejo de Ministros del año ha suscitado cierta satisfacción entre los taxistas, a pesar de que en un primer momento criticaron el texto por "insuficiente". Así, el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha señalado que la normativa "supone un paso más en la dirección correcta" y que es un hecho que el taxi "debe celebrar" porque "contribuye a evitar el desmantelamiento" del sector. En este punto, el gremio sigue insistiendo en que el Gobierno debe hacer algo para sacar de circulación las 4.000 licencias que sobran para recuperar el ratio 1/30 que recoge la ley.

La otra cara de la moneda es la patronal de las VTC. Unauto considera que esta regulación "perpetúa la anomalía de que un sector dictamine las normas de un competidor". "El taxi ha presionado a las administraciones para introducir normativas restrictivas, con el objetivo de dificultar su operativa y, eventualmente, abocarlo a su desaparición y perpetuar su monopolio", denunció el presidente de la patronal, Eduardo Martín.

La normativa, a juicio

Por su parte, la aprobación de la normativa puede acabar en los tribunales como el resto de modificaciones impulsadas por el Gobierno para limitar el crecimiento del sector de las VTC en favor del taxi. Y es que, Competencia ha criticado abiertamente las medidas. En cuanto a la moratoria de dos años para la transmisión de las licencias, el organismo explica que la restricción "implica de facto una barrera de acceso al mercado" y otorga "una ventaja competitiva" a los que ya operan. La CNMC considera a su vez que la norma "no está justificada" puesto que no es ilegal que las licencias sean solicitadas "con el único y exclusivo objeto de comerciar con ellas" y señala que el mercado secundario no se ha cuestionado en ninguna otra actividad del transporte regulada por Ministerio lo que supone "una clara discriminación". La norma que obliga a comunicar cualquier servicio también ha sido criticada al no regirse "por los principios de necesidad y proporcionalidad". "Esta medida supone una barrera a la competencia y a la movilidad", dice.