Fomento elige a Marcos Peña como árbitro para zanjar la crisis de El Prat

Empieza la cuenta atrás para zanjar la crisis laboral desatada en los filtros de seguridad de El Prat hace casi un mes. El Ministerio de Fomento ha elegido a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), para que lidere el arbitraje obligatorio que debe acabar con el conflicto y las posibles huelgas en el aeropuerto catalán antes de que termine agosto.

A la espera de que finalice el plazo de 24 horas para que el nombramiento sea oficial (concluye hoy a las 11.00 horas de la mañana), todo apunta a que Peña será el encargado de dictar el laudo obligatorio porque, a primera vista, cumple la condición de "ser imparcial", la única que debe respetar Fomento para asegurar que el proceso sea limpio y seguro.

En este punto, Eulen ya ha asegurado públicamente que "respeta y acepta" la propuesta del Ministerio y que "se pone a disposición del árbitro para que empiece el proceso cuanto antes". Por su parte, el Comité de Huelga está estudiando el nombramiento para presentar las alegaciones oportunas o pedir las explicaciones que precisen aunque, según comenta Carlos Giménez, asesor del Comité, es muy difícil que Fomento tenga que cambiar el mediador elegido. "Tendría que demostrarse una imparcialidad flagrante como que haya trabajado en Aena o que tenga intereses en Eulen y no lo parece", comenta en declaraciones a este diario.

En este punto, cabe destacar que Marcos Peña, que llevó la mediación en el conflicto de los estibadores, lleva vinculado al Consejo Económico y Social desde 2005 y que entre 1993 y 1996 fue secretario general de empleo y relaciones laborales del Ministerio de Empleo.

Fomento ha elegido al árbitro del laudo obligatorio después de que Eulen y los representantes de los trabajadores se negaran a negociar un nombramiento. Las partes se reunieron el jueves por la parte en un hotel cercano a El Prat y ninguna se dignó a poner un nombre sobre la mesa por lo que el encuentro terminó en nada. La empresa criticó la falta de voluntad negociadora del Comité y éste explicó que está en contra del laudo obligatorio y que va a llevar el proceso ante la justicia ordinaria porque "viola su derecho a huelga".

A partir del mismo sábado, cuando el nombramiento sea oficial, Peña tendrá 10 días naturales para reunirse con las partes y elaborar un laudo que fije qué mejoras laborales deberá recibir la plantilla. El documento será vinculante para empresa y trabajadores y tras su publicación y mientras sigue vigente los sindicatos no podrán volver a convocar huelgas por este motivo.

Si se respetan los plazos establecidos, el laudo exprés tendrá que estar listo el próximo 28 de agosto pero, según recoge la ley, hay una serie de excepciones que pueden permitir a Peña solicitar una prórroga de los plazos. A su vez, las decisiones del árbitro pueden recurrirse y que, finalmente, se declare nulo el laudo arbitral. Esta situación ya se dio en el conflicto de Iberia con los pilotos por un tema formal.

La labor de Marcos Peña es complicada ya que las posturas de ambas partes están muy distanciadas y ya fue imposible llegar a una acuerdo en la mediación liderada por la Generalitat de Cataluña. Tras varios días de negociaciones, el Govern propuso un alza salarial de 200 euros brutos al mes en 12 pagas y la contratación de 75 personas para reforzar la plantilla y que haya cinco personas por filtro de seguridad frente a las cuatro actuales.

La empresa aceptó la propuesta aunque la tachó de casi "inviable" mientras que la plantilla la rechazó. La mitad de los trabajadores que fueron a votar optaron por un alza de 250 euros brutos al mes en 15 pagas y aceptaron el aumento del plantilla. La exigencia inicial es una mejora de sueldo lineal de 350 euros brutos al mes en 15 pagas, un nivel al que la empresa se ha negado a aceptar en varias ocasiones.

La imposibilidad de llegar a un acuerdo y la convocatoria de una huelga indefinida de 24 horas llevó a Fomento a tomar cartas en el asunto y mandar a la Guardia Civil para devolver la normalidad a los filtros de seguridad y asegurar el acceso a las terminales y el orden público. Actualmente la huelga de Eulen en El Prat está suspendida por el atentado sufrido el jueves en La Rambla de Barcelona pero es una tregua temporal.

El Ejecutivo aprobó el pasado 16 de agosto en Consejo de Ministro poner en marcha el arbitraje obligatorio, que recoge la Ley de 1977, para frenar "el perjuicio grave de la economía nacional" que ocasionan las movilizaciones indefinidas en una infraestructura clave para España y más en verano y así, forzar "la reanudación de la actividad laboral".